Fijado el juicio contra 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que protestaron en una oficina de Caixabak en Cabanillas
Fiscalía pide para ellos 8 meses de prisión y Caixabank 3 años y dos meses
Plaza Mayor Cabanillas de Campo
Cabanillas del Campo
El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha fijado para el 30 noviembre el juicio contra 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que hace dos años fueron detenidos por una acción de protesta para evitar un desahucio en Cabanillas del Campo. Para ellos la fiscalía pide 8 meses de prisión y la acusación del banco 3 años y 2 meses de prisión, además de distintas multas.
HECHOS QUE SE JUZGAN
Los acusados, 5 hombres y 3 mujeres, entraron a primera hora de la mañana del 5 de diciembre de 2017 en la oficina que Caixabank tiene en Cabanillas del Campo acompañando a una mujer, Paola, que estaba negociando con la entidad para evitar el desahucio de la vivienda que ocupaba. Los activistas pusieron papeles de protesta en la oficina e informaban a los clientes que entraban.
Poco antes de las 2 de la tarde el director les pidió que se marcharán porque tenían que cerrar la oficina, a lo que se negaron. Fue entonces cuando se avisó a los Cuerpos de Seguridad y se personaron Policía Local y Guardia Civil. Los agentes les dieron 15 minutos para marcharse pero ellos permanecieron en la oficina por lo que fueron detenidos.
PETICIONES DE LAS PARTES
Por estos hechos la Fiscalía les acusa de un delito de resistencia grave a los agentes y de un delito leve de allanamiento de local abierto al público y solicita 10 meses de prisión por el primero de los delitos y dos meses de multa, que sumarían 600 euros, por el segundo de los delitos.
La acusación, que representa a Caixabank, estima que además hubo un delito de coacciones y otro de desórdenes públicos y sus peticiones de pena suman 3 años y 2 meses de prisión y 3.600 euros de multa.
Por su parte la Defensa de los 8 acusados sostiene que la presencia en la oficina fue totalmente pacífica, no hubo violencia alguna, ni alteración del orden público. Respecto al allanamiento de local público, considera que este delito leve habría prescrito. Por tanto pide la absolución de todos sus defendidos.
