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De vivos y muertos

La firma de opinión del catedrático de Historia Contemporánea de la UCLM, Manuel Ortiz

La firma de opinión de Manuel Ortiz / Cadena SER

De vivos y muertos

03:52

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Albacete

La ignorancia no exime del cumplimiento de normas cívicas en un estado democrático. Pero tampoco la omisión o el olvido deliberado amparan a quienes se resisten a reconocer execrables hechos probados. El final de la guerra civil en marzo de 1939 no dio paso a la paz definitiva que veinticinco años después el dictador celebraba con una impresionante campaña de propaganda. De hecho, en 1963 todavía se ejecutó a Julián Grimau por supuestos delitos cometidos durante la contienda. Lo que seguramente muchos no han aprendido es que la dictadura franquista se organizó desde abril de 1939 como un auténtico Estado de terror, sin escatimar un ápice en represión y violencia. Las consecuencias se conocen desde hace mucho tiempo, aunque la Transición comenzó con una amnistía que muchos han querido confundir con una ley de punto final. Nos diferencia de otros países con experiencias traumáticas que el franquismo no fuera derrotado ni se llevaran a cabo comisiones de la verdad. Tampoco se le condenó. Hoy sabemos bien que los procesos transicionales deben empezar por abordar las causas de los conflictos que se pretenden superar, señalándose como esenciales a tal propósito dichas comisiones. Son directrices de la propia ONU, que también sostiene la prohibición de otorgar amnistías para las violaciones más graves de los derechos humanos. Claro que también defiende la imperiosa necesidad de acometer reformas que excluyan de las instituciones a las personas que participaran de manera más significada en los abusos del pasado. Las políticas de memoria competen al Estado que está obligado por compromisos internacionales.

A pesar del tiempo transcurrido, la resiliencia de muchas de las víctimas y sus familias durante tantos años, agrupadas en organizaciones memorialistas, ha hecho posible un consenso mayoritario con el que superar la claudicación moral que supuso el abandono de las víctimas de la dictadura y su olvido desde la transición.

El pasado 21 de octubre entraba en vigor la ley de Memoria Democrática y 10 días más tarde se ha celebrado un acto de Estado en el que se ha homenajeado a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Ocurrió 47 años después de la muerte de Franco y 44 de la aprobación de la Constitución. Antes, en 2007 se aprobó una ley conocida como de Memoria Histórica que por timorata no convenció a casi nadie, pero sí soliviantó a no pocos. Lo que se pretende es abordar las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista y reconocer a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Hasta ahora, los tribunales han rehusado perseguir los delitos denunciados, pero ya no se puede seguir argumentando la prescripción ni la supuesta irretroactividad de las leyes. La nueva norma reconoce, por fin, el derecho de las víctimas a la investigación de las violaciones padecidas, y para hacer efectivo ese derecho, crea la figura del Fiscal de Sala de derechos humanos y memoria democrática. Se impulsará la búsqueda de los desaparecidos y se intervendrá en la identificación y localización de restos, además de retirar condecoraciones y títulos nobiliarios.

A los que siguen desviando la atención habrá que recordarles quién fue Queipo de Llano, exhumado de La Macarena estos días, y su despiada política de eliminación del adversario que desplegó, así como Moscardó o el propio Milans del Bosch que inopinadamente ocupa un lugar privilegiado en el Alcazar de Toledo después de ser uno de los cabecillas del fallido golpe de Estado de 1981. Claro que empeñados en mentir y utilizar de forma torticera la historia no faltan quienes siguen inaugurando monumentos que recuerdan a franquistas como Millán Astray. La Iglesia y el propio Ejército deberían reaccionar y lavar su imagen porque no dejan de vivir en un Estado democrático. Mientras, miles de cuerpos de defensores de la democracia permanece en fosas comunes.

Bienvenida sea la ley, pero ahora necesitamos más escuela, pedagogía y cultura para asentar los valores democráticos.

 
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