Los ayuntamientos, las colonias felinas y la esterilización del gato

Albacete

Se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en la Cortes Generales el Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales que ha elaborado el Gobierno de la nación.

Aunque se trata de una norma muy extensa y ambiciosa me quiero centrar en el tratamiento de las llamadas “colonias felinas” conformadas por gatos callejeros, que ahora la ley llama amablemente “gatos comunitarios”. Y ello porque me ha llamado la atención la especial protección de estos animales cuando la comunidad científica alerta sobre los peligros para la salud pública y para la biodiversidad que puede tener una mala gestión de estas colonias. El Gobierno parece actuar en contra del criterio técnico, guiado por el sentimiento más que por el conocimiento y la razón. Y, cuando eso sucede, mal vamos.

El problema no es baladí. En el estudio que realizó el año pasado la protectora Dejando Huella y el círculo de Podemos Albacete, ya se hablaba de la existencia de cerca de 2000 gatos callejeros en los barrios de nuestra ciudad.

La nueva regulación, que es mucho más protectora y exigente que nuestra ley regional del año 2020, introduce un concepto jurídico nuevo, el de “gato comunitario” para referirse al gato libre que convive en entornos humanos y que no es adoptable debido a su falta de socialización. Lo que sí se va a socializar ahora son los gastos de alimentación y cuidados veterinarios que tendremos que pagar entre todos con dinero público.

Se atribuye a los ayuntamientos la competencia para la gestión integral de las colonias felinas. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente imponiéndoles nuevas y muy costosas obligaciones legales, entre ellas, la obligación de atención sanitaria a los gatos comunitarios a través de un veterinario colegiado (art. 47.1 del proyecto de ley). Los ayuntamientos deben alimentar a estos gatos callejeros, censarlos, vacunarlos y desparasitarlos. El control de la población gatuna para reducirla se hará a través del llamado método CER, que consiste en la captura, esterilización y retorno del gato comunitario.

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La gestión de las colonias prohíbe la utilización de métodos letales y ¡ojo con matar al gato! El art. 83 del proyecto de ley tipifica como una infracción muy grave dar muerte a gatos comunitarios y ello puede ser sancionado con una multa de hasta doscientos mil euros.

Los expertos, sin embargo, ya han advertido de los graves peligros que supone esta regulación y de su elevadísimo coste. En un contexto de escasez de recursos económicos, bien podrían utilizarse para mejorar la vida de las personas más necesitadas y vulnerables. Pero no es solo una cuestión de priorización de recursos escasos. Estas colonias, además de causar molestias a los vecinos, pueden generar problemas de salud pública y tienen un impacto muy importante sobre la biodiversidad porque los gatos matan a otros seres vivos. Incluso pueden provocar la extinción de poblaciones de vertebrados autóctonos.

La comunidad científica alerta de que el control poblacional CER no es efectivo, pues un gato esterilizado y retornado seguirá causando exactamente los mismos problemas. Los métodos de control más efectivos son además mucho más baratos. Basta con actuar sobre la alimentación, prohibiendo dar de comer al gato y actuar sobre el hábitat reduciendo la disponibilidad de refugio.

Sin embargo, no solo no hemos optado por esta vía sino que, además, se fomenta la colaboración ciudadana para el cuidado de estos gatos. Esto es, seguiremos dándoles de comer.

En fin, una cosa es avanzar en la necesaria protección de los animales y en su bienestar como seres dotados de sensibilidad, rechazando rotundamente el maltrato animal y otra muy distinta, como se ha dicho, es “mancomunar el mascotismo”.