Las oposiciones y la estabilización de plazas en el SESCAM

Albacete

El SESCAM ha comenzado un proceso histórico. Acaba de hacer públicas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las convocatorias de 124 procesos selectivos con los que se van a estabilizar 2.651 puestos de trabajo de carácter estructural ocupados por personal de carácter temporal. Estos procesos van a afectar a 64 categorías diferentes, que van desde médicos, hasta celadores, pinches de cocina, enfermeras, electricistas, etc.

Con ello el SESCAM cumple a rajatabla el mandato y los plazos establecidos en la polémica Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que no en vano se aprobó el día de los Santos Inocentes. Y sí, hablo de polémica ley porque establece procesos de estabilización de plazas que son de dudosa compatibilidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que han de regir el acceso a la Administración.

El objetivo que persigue la ley es muy loable porque pretende reducir la lacra de la temporalidad que afecta a todas nuestras Administraciones Públicas. Mucho más criticable es el cúmulo de ventajas que establece para los empleados temporales que ocupan dichas plazas porque ello genera desigualdad en el acceso. Por mucho que la Directora-Gerente del SESCAM se esfuerce por resaltar que las plazas que ahora se convocan “no llevan el nombre de la persona”, es una falacia considerar que se trata realmente de procesos de “acceso libre”. Las posibilidades de éxito que tiene el opositor de la calle son realmente escasas.

Más de la mitad de las plazas convocadas se seleccionarán por un mero concurso de méritos en el que la experiencia profesional, especialmente la obtenida en el propio SESCAM, supondrá el 60% de la nota final. Nuestro Tribunal Constitucional ha advertido que esta valoración no puede rebasar el límite de lo tolerable ni impedir el acceso a la Administración de otros posibles opositores porque ello supondría una lesión del derecho fundamental a la igualdad en el acceso a la Administración que proclama el art. 23.2 de nuestra Constitución.

No menos dudas presentan las otras mil y pico plazas que se convocan mediante el procedimiento del concurso-oposición. Aunque en este caso la experiencia solo supone el 40% de la nota final, la fase de oposición, que es la que realmente mide la capacidad del funcionario para realizar las funciones de su puesto de trabajo, se hará mediante un examen tipo test, que no tendrá carácter eliminatorio ni debe superar ninguna nota mínima de corte. Eso sí, para no penalizar en exceso al aspirante que obtenga una puntuación negativa, que podría suceder puesto que las respuestas erróneas restan, se ha previsto que las puntuaciones inferiores a 0 computen con 0 puntos. Todo con tal de permitir que el aspirante que suspenda pueda completar su nota sumando los 40 puntos que posibilitan sus años de experiencia en el SESCAM.

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En fin, el SESCAM ha cumplido el mandato imperativo de la ley, al igual que están haciendo todas las demás Administraciones, pero no se puede negar que ha explotado al máximo todas las ventajas para el empleado que posibilitaba la legislación estatal y que incluso ha ido incluso más allá, todo ello con la connivencia de los sindicatos.

No quiero ni imaginar el trabajo, el esfuerzo personal y la inversión económica que supondrá para el SESCAM ejecutar todos estos procesos selectivos en los próximos dos años. Como se ha dicho, y llegados a este punto, ¿era realmente necesario que el legislador estatal montara esta farsa? Puestos a erosionar los principios constitucionales ¿No hubiera sido más sensato hacer directamente fijo a este personal tal como pretendían las plataformas de interinos y asumir el coste político de ello? Al menos sería mucho más económico, no se jugaría con las expectativas de los demás opositores y permitiría al SESCAM centrarse en otras tareas mucho más relevantes.