El Trasvase Tajo-Segura y las plantas de desalación

Albacete

Estos días ha vuelto a saltar al debate político la mal llamada “guerra del agua” ante el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo que, por vez primera, reconoce los caudales ecológicos del río. Ello supone la posibilidad de que se pueda disminuir el volumen de agua que se trasvasa al Segura según la climatología. Estos caudales, junto con la depuración de las aguas residuales de Madrid, son esenciales para corregir el deterioro del río y mantener unas condiciones del hábitat compatibles con la flora y la fauna.

Políticos, regantes y ciudadanos de Murcia, Alicante y Almería ya se han manifestado en Madrid, preocupados porque una eventual limitación del trasvase puede suponer una pérdida de sus regadíos, paro y pérdidas económicas. Los ciudadanos castellanomanchegos, y muy especialmente los de los municipios ribereños, nos hemos sentido siempre muy agraviados y con razón, al ver un río que agoniza y cuyas aguas vemos correr por un acueducto, pero no podemos utilizar para nuestro propio desarrollo económico. Sin embargo, la nueva regulación de la parte española del río Tajo nos permite atisbar ciertas esperanzas de cambio.

Efectivamente, esto que la prensa tilda como “guerra del agua”, desde el punto de vista jurídico no es sino una manifestación de intereses contrapuestos que el Gobierno de la nación debe armonizar para salvaguardar el interés general. Y creo que no lo está haciendo mal.

En esta ponderación de intereses, son múltiples los factores que el Gobierno ha de tener en cuenta. Por una parte, el río Tajo agoniza. Como sostiene el último informe de situación del Acueducto Tajo-Segura de diciembre de 2022, la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentra ya en el nivel 3. Ello quiere decir que está en una situación hidrológica excepcional, hasta el punto de que la competencia para autorizar trasvases pasa directamente a manos de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es previsible que el cambio climático no mejore esta situación hídrica.

Por otra parte, el Gobierno está obligado a cumplir con la Directiva marco del agua del año 2000, que obliga a los Estados miembros a alcanzar un buen estado de las masas de agua y debe, asimismo, ejecutar las distintas sentencias de nuestro Tribunal Supremo (entre otras, la de 14 de marzo de 2019, número 340/2019), que obligan a la Administración a fijar con criterio científico y técnico los mencionados caudales ecológicos.

Ante estos retos, la solución para suplir la reducción del agua del trasvase pasa por una adecuada política de desalación del agua del mar y por una gestión mucho más eficiente de las aguas residuales.

Es verdad que el agua que proviene de la desalación tiene un elevado coste para el agricultor y el consumidor por el importante consumo eléctrico que conlleva. Ahora bien, este problema se puede mitigar de forma importante con dos tipos de medidas. Por una parte, con las importantes subvenciones que se han establecido para rebajar el coste del agua desalada y, por otra, con el nuevo régimen de las energías renovables.

En ese sentido van las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático recientemente aprobadas por el Gobierno y la ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco, cuyos caudales permitirían cubrir el 100% del abastecimiento y el 95% de los regadíos que emplean el agua del Trasvase. Estas ampliaciones llevan asociadas la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, para que el mayor consumo energético no incremente las emisiones contaminantes y el precio del agua resulte más asequible.

En fin, frente a los negacionistas del cambio climático y los lobbies de los combustibles fósiles, estos cambios normativos nos brindan la oportunidad de aprovechar unas tecnologías de fabricación de agua de forma sostenible, dando así solución al problema del trasvase Tajo-Segura.