Ágora Feminista denuncia en la Fiscalía el acoso en la Clínica Iris de Albacete
Desde la Subdelegación del Gobierno de Albacete señalan que todavía no se ha recibido denuncia alguna y que actuarán cuando esto se produzca
Fachada de la Clínica Iris / Google Street View
El Colectivo Ágora ha presentado esta mañana un escrito en la Fiscalía denunciando el acoso al que está siendo sometida tanto la Clínica Iris (acreditada para realizar interrupciones de embarazo), como las mujeres que acuden a la misma, por parte de personas de un grupo ultracatólico y antielección promotor de la campaña 40 día por la vida, que están por los alrededores.
Con esta denuncia, el colectivo pretende que "el Ministerio Fiscal actúe ante lo que consideramos una dejación de funciones intolerable de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, que lejos de intervenir para velar por el cumplimiento de la ley y defender los derechos de las mujeres, permanece de brazos cruzados permitiendo que las presiones y el hostigamiento siga”.
Ágora Feminista recuerda que son muchos los años soportando estas acciones de intimidación (concentraciones en la puerta de la clínica, encendido de velas…), que suponen la vulneración de forma intencionada e insistente de derechos fundamentales recogidos en la legislación europea, así como la Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Precisamente para erradicar este tipo de actos y la impunidad de quienes los llevaban a cabo el pasado año se aprobó la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, en la que el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo se considera un delito y está penado.
Para Ágora Feminista dicha norma no ofrece ningún tipo de duda a la hora de perseguir y sancionar las conductas descritas, ya que en su único artículo señala que quien obstaculizara el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.
Pero además, un aspecto clave es que la ley establece que para la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.
Sin embargo, los hechos que siguen ocurriendo y de los que hemos sido testigo las firmantes de la denuncia ponen en entredicho la eficacia de esta ley y cuestionan la autoridad de quienes representan al gobierno en Albacete, y lo que es más preocupante hace que nos preguntemos para qué se aprueban las leyes si finalmente desde la Administración y las instituciones no se adoptan las medidas necesarias para su cumplimiento.
Por ese motivo, el colectivo Ágora Feminista confía en que la Fiscalía haga lo que no está haciendo la Subdelegación del Gobierno para que cesen las acciones intimidatorias y de acoso en las inmediaciones de la Clínica Iris.
Desde la Subdelegacion del Gobierno señalan a Radio Albacete que todavia no han recibido ninguna denuncia y que cuando esto se produzca, tomarán las medidas correspondientes.
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