Un 8M para reivindicar

Albacete

El 8M de 2018 marcó un punto de inflexión en la lucha de las mujeres por sus derechos. Ese día se proclamó la primera “huelga feminista” en nuestro país. Se trataba de un gesto más simbólico que real, una llamada de atención a los poderes públicos que sacó a la calle a centenares de miles de mujeres (y hombres) en 120 ciudades. Al rememorar el cántico de las miles de mujeres bilbaínas junto a la Ría todavía nos conmovemos y han pasado nada menos que 5 años. (“Contra el estado machista nos vamos a levantar…Vamos todas las mujeres a la huelga general”)

Poco después, la injusta y lesiva sentencia de la manada sacó a la calle de nuevo a miles de ciudadanos indignados por la falta de sensibilidad de género de aquellos jueces, corregida después por el Tribunal Supremo, con ponencia de mi compañera de curso en la Universidad Complutense Susana Polo, comprometida jurista.

Desde que se formó este Gobierno de coalición progresista, la ley de garantía integral de la libertad sexual se ha erigido como uno de los estandartes de su compromiso feminista. Este 8M nos toca celebrar su aprobación y reivindicar su puesta en marcha más pronto que tarde. Por desgracia, algunos siguen todavía encayados en la trampa reaccionaria de la necesidad de incrementar las penas, como si ello sirviera para garantizar mayor protección a las mujeres.

Las encuestas fidedignas reflejan un porcentaje de denuncias de los delitos sexuales que no llega ni al 20% y unos motivos expresados para la no denuncia que pueden dejar perplejo pero son reales, a saber: la vergüenza y el “no me creerían”. La nueva Ley lucha contra ese estigma adoptando medidas para la protección inmediata de la mujer denunciante y al eliminar la necesidad (al menos indirecta) de demostrar que en la agresión sexual hubo violencia o intimidación la libera de una serie de explicaciones que inciden en lo que los penalistas conocemos como criminalización secundaria, que no es otra cosa que la tortura de tener que revivir el hecho de una manera un tanto oblicua, cómo si el Estado no estuviera dispuesto a creer la versión de la denunciante.

Es cierto que nadie puede ser condenado sin pruebas, pero también lo es que en otros delitos esa indagación discurre por otros derroteros menos insidiosos. Sin embargo, a fuer de ser sincero, cuando alguien se introduce en ese túnel que representa el proceso penal, el fuego cruzado de la acusación y la defensa es casi inevitable y hay que estar muy convencido para mantenerse firme para que la agresión tenga su respuesta punitiva. La nueva Ley supone un apoyo indudable en ese sentido y no merece ninguna reforma, como la que ahora se pasea por el Congreso de los Diputados de manera vergonzante. Lo que hace falta es inculcar a la Justicia Penal una mayor perspectiva de género.