Los acusados por la protesta en Caixabank de Cabanillas del Campo no se presentarán al juicio si se celebra a puerta cerrada
Se declararán en rebeldía porque entienden que se vulneran sus derechos constitucionales a un juicio público
Patricia Carlavilla, portavoz de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, sobre los #8deCaixabank
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Cabanillas del Campo
El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara ha señalado para el 5 de abril el juicio contra los 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que se encerraron en la oficina de Caixabank de Cabanillas del Campo en 2017. La juez titular, María del Carmen Molina, ordena que la vista se celebre a puerta cerrada.
Los 8 acusados han manifestado que si el juicio no se realiza como vista pública se declararán en rebeldía y no acudirán porque entienden que se ve vulnerado su derecho de defensa ya que el derecho a un juicio público es un derecho de alcance constitucional y una garantía de la que sólo se puede prescindir de manera muy excepcional y justificada y consideran que no es el caso. Además Amnistía Internacional ha solicitado la presencia de observadores en este juicio.
La defensa ha recurrido la decisión de que se celebre a puerta cerrada. Si finalmente no hay juicio público ya avanzan que los acusados no se van a presentar.
Son conscientes de las consecuencias que puede acarrear no acudir al juicio, habitualmente multa entre 200 y 2.000 euros e incluso la orden de detención y comparecencia esposados.
El grupo municipal de Unidas Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadalajara ha publicado un comunicado sobre este caso en el que piden la Absolución de 'Los 8 de Caixabank' y consideran que es un atropello desde el punto de vista de las garantías procesales que la vista se celebre a puerta cerrada.
Este juicio se fijó inicialmente para el 30 de noviembre pasado, también a puerta cerrada, pero finalmente no llegó a celebrarse por la huelga de letrados de la Administración de Justicia y ahora vuelve a señalarse para el 5 de abril.
HECHOS QUE SE JUZGAN
La acción por la que van a ser juzgados ocurría en el año 2017 cuando 5 hombres y 3 mujeres de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara entraron en la oficina de Caixabank de Cabanillas del Campo para acompañar a una mujer, Paola, que estaba negociando con la entidad para evitar el deshaucio de la vivienda que ocupaba. Querían por escrito el compromiso que verbalmente la entidad les había manifestado en el sentido de que no iba a ser deshauciada. Como dicho escrito no se les facilitó decidieron quedarse dentro de la entidad, sentados en el suelo. Fueron detenidos y llevados a la Comandancia de la Guardia Civil.
Por estos hechos la Fiscalía les acusa de un delito de resistencia a los agentes y otro de allanamiento de local público y solicita 10 meses de prisión por el primero y dos meses de multa por el segundo.
La acusación de Caixabank estima que además hubo un delito de coacciones y otro de desórdenes públicos y sus peticiones suman 3 años y 2 meses de prisión y multa de 3.600 euros.
Y la defensa sostiene que fue una acción totalmente pacífica, sin alteración de orden público y pide la absolución de los acusados. Entiende que el delito leve de allanamiento de local público habría prescrito.
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