El derecho a la eutanasia se afianza

Albacete

El pasado jueves, la asociación TALITHA -dedicada a ayudar a quienes se ven inmersos en procesos de duelo por la muerte de seres queridos- organizó en el Auditorio Municipal una jornada sobre la Ley de Eutanasia, que comenzó con una representación teatral a cargo de Ángel Monteagudo (Monty) tras la cual debatimos con el público asistente sobre dicha Ley, que esta misma semana va a ser avalada por el Tribunal Constitucional.

La Ley española de 2021 apela a la demanda social para su promulgación. Esa demanda se percibe muy bien en las encuestas rigurosas que sitúan en más de un 70% la aceptación de la sociedad española respecto a esa práctica. En 2002, la ley de autonomía del paciente reconoció sin ambages el derecho de cualquier ciudadano a rechazar cualquier tratamiento médico y también reguló el testamento vital. Han pasado 20 años y ya era hora de avanzar en el reconocimiento de este derecho que implica abandonar la tortura de una vida cargada de sufrimiento vital.

La Ley circunscribe la legalización al ámbito médico y exige siempre el consentimiento de la persona, ya sea en el mismo momento de solicitarla o en forma de voluntad anticipada o testamento vital. Quedan fuera los casos de recién nacidos (sobre los que sus padres no tienen derecho alguno a decidir, aunque la práctica vergonzante delegue en ellos la decisión o simplemente los deje a su suerte, en un ejercicio incompatible con la deontología profesional) y también cualquier caso en el que el paciente no haya expresado su voluntad.

Pero no basta con ella. Para que se practique legalmente se requiere la autorización de una Comisión de Garantía y Evaluación regional formada por distintos profesionales, también juristas, que la adoptan conforme a sus propios criterios bioéticos. Por tanto, resulta decisiva la composición de esa Comisión. En lo que a los juristas se refiere, se aprecia una inclinación excesiva hacia la recluta de asesores y asesoras jurídicos de las distintas Consejerías de Sanidad, como si los Gobiernos regionales no se fiasen de otros expertos (principalmente universitarios, como se exige en Bélgica) para tener controlado el proceso.

Ese filtro inadecuado contribuye a que el número de eutanasias practicadas el primer año de vigencia de la Ley (171) resulte ridículo en comparación con las de países como Holanda, que con casi la tercera parte de población acredita unas 4.000 eutanasias anuales.

Necesitamos que los derechos que confiere la Ley alcancen a un número mayor de personas que prefieran morir a vivir con un sufrimiento insoportable sin tener que luchar a brazo partido con las concepciones bioéticas que hablan de la santidad de la vida mientras se muestran inflexibles ante el sufrimiento vital ajeno.