Opinión

Vuelva usted mañana

La firma de opinión del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Ortiz

Manuel Ortiz

Vuelva usted mañana

03:42

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Albacete

Soy muy consciente del charco en el que entro. Sé que esta firma de hoy no me hará amigos. Sin embargo, arriesgo con esta reflexión que puede, incluso, interpretarse como una especie de autoflagelación. No obstante, vaya por delante que, sin ningún género de dudas, no estoy contra los derechos de los trabajadores ni critico buena parte de las reivindicaciones que se esgrimen a las que por cuestión de espacio no voy a entrar.

Me refiero a la nueva huelga que afecta al ministerio de Justicia. Ya saben que hace sólo unos días fueron los letrados, antiguos secretarios, quienes mantuvieron un enfrentamiento, que duró aproximadamente dos meses, para equiparar sus salarios con los de los propios jueces. Se ha hablado ya de más de 700.000 actuaciones judiciales suspendidas y miles de juicios aplazados. De hecho, se están fijando actos para el próximo año y, de seguir las movilizaciones, se prevé que se necesitarán años para recuperar la normalidad, palabra que en este Ministerio suena siempre extraña. Las anulaciones y los gastos derivados para los litigantes, sobre todo los ciudadanos de a pie, se antojan abrumadoras, aunque el impacto mediático de todos estos movimientos no se puede comparar a otras parcelas como, por ejemplo, la sanidad o la educación.

Es bien sabido que el Ministerio de Justicia, en términos presupuestarios, es y ha sido siempre la cenicienta del Gobierno. Los sondeos que periódicamente nos ofrece el CIS replican un año con otro la mala imagen que su funcionamiento tiene entre los españoles. Seguramente a ello influirá y no poco el esperpento que supone que el principal órgano de gobierno de los jueces lleve ya casi cinco años en funciones porque las fuerzas políticas no son capaces de renovarlo, me refiero obviamente al Consejo General del Poder Judicial. A pesar de todo, y a diferencia de lo que, por ejemplo, está ocurriendo estas semanas en Israel, las actuaciones del ejecutivo en esta parcela no generan una reacción popular que saca a los ciudadanos a tomar las calles en protesta por las reformas y llegan a provocar el cese de un ministro.

Aquí los ciudadanos, de forma muy generalizada, contemplamos con estoicismo y pasividad el estropicio de una justicia que se paraliza y añade retrasos a los ya demorados procesos por falta de personal e inversiones. Y es que se cumplen ahora 45 años de las primeras huelgas que, una vez legalizado este derecho de los trabajadores, se produjeron en la Transición. En marzo de 1978 la prensa daba cuenta de una jornada de paro secundada por el 95% de la plantilla, que entonces apenas suponía unos 11.300 trabajadores entre funcionarios e interinos. Aquellas reivindicaciones llevaron al Consejo de Ministros a aprobar un proyecto de ley de Retribuciones. No se acabaron entonces las reclamaciones porque también estaba en juego la inclusión de estos funcionarios en la Seguridad Social. Entonces formaban parte de tres mutualidades. Transcurridos sólo unos pocos meses, en octubre de 1979, se convocó una nueva huelga de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia, que iniciaron esta medida de presión para protestar por la presentación de un proyecto de ley que los excluía de Justicia y los hacía depender de la función pública. La legislación vigente contemplaba esa acción como incomparecencia al puesto de trabajo, y como tal se podría considerar abandono del puesto o función que desempeñaban.

Desde entonces han sido ya muchas convocatorias de huelgas en este Ministerio con la letanía de los sueldos. Estaría bien que se publicaran los estipendios de jueces, fiscales, letrados y funcionarios y se comparasen con los de Educación o Sanidad para comprobar si las responsabilidades aparejadas dan también pie a reclamar subidas salariales que se antojan elevadas o desproporcionadas. Ya se advierte que si se admiten las reclamaciones actuales los jueces se pondrán en cola. Me pregunto si esa espiral no alimenta la mala imagen que los funcionarios solemos proyectar en el conjunto de la sociedad.

 
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