Huelgas de funcionarios y aumentos salariales: el efecto dominó

Albacete

La amenaza de huelga en la función pública se está extendiendo como la pólvora entre las distintas categorías de servidores públicos y ello tiene unas importantísimas consecuencias, no solo en el presupuesto público, sino también para los ciudadanos.

Los letrados de la Administración de Justicia han estado en huelga durante más de dos meses hasta conseguir un considerable aumento retributivo en sus nóminas. El coste para la ciudadanía ha sido altísimo por la casi total paralización de la justicia y ha provocado un efecto dominó. Los jueces y magistrados quieren seguir el mismo esquema de negociación. Alegan que la subida de hasta 450 euros que han obtenido los secretarios judiciales ha roto la equidad y el equilibrio retributivo en el ámbito de la justicia, sin que sean suficientes los cerca de 50 millones de euros que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Justicia. Al fin y al cabo, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza el principio de la independencia económica de los Jueces y Magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional, que se regula mediante una ley especial.

El resto de funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración de justicia y, en general, los sindicatos funcionariales amenazan ahora con seguir el mismo camino, especialmente tras los acuerdos sobre aumentos salariales alcanzados por la patronal y los sindicatos para los trabajadores de la empresa privada. Ahora todos quieren los mismos beneficios, lo que supone poner en un brete al Gobierno, justo en pleno proceso electoral.

Creo que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho de huelga y de negociación colectiva de los funcionarios y los intereses generales por el importante poder de presión que tiene el funcionariado en virtud de la esencialidad de las funciones que realiza y de los servicios que presta y, sobre todo, por las importantes diferencias que existen entre la negociación colectiva funcionarial y laboral. En el ámbito privado, el empresario se juega su propio patrimonio y ya se encarga él mismo de poner límites a la negociación. No ocurre así en el ámbito de la Administración.

Efectivamente, mientras que los sindicatos están impecablemente entrenados en las técnicas y entresijos de la negociación, la Administración se muestra enormemente frágil en este ámbito, porque sus representantes no están profesionalizados, sino politizados y además juegan con pólvora del rey. No exponen su propio patrimonio, sino el dinero público, el que pertenece al bolsillo todos los españoles. Como señala Sánchez Morón, no solo disparan con pólvora del rey, sino que además los representantes de la Administración suelen estar afectados por el síndrome del “horror al conflicto”, lo que debilita radicalmente su posición negociadora frente al sindicato.

Por ello, con sabio criterio, el legislador limita la capacidad de influencia de los funcionarios públicos y sus sindicatos a la hora de determinar sus aumentos retributivos. El art. 21 del Estatuto Básico del Empleado Público atribuye a la ley de presupuestos generales del Estado la determinación del incremento anual de las retribuciones para todos los empleados públicos y prohíbe que en las mesas de negociación colectiva puedan acordarse después incrementos retributivos superiores a los fijados anualmente en dicha ley.

No obstante, el período electoral y la seria amenaza de huelgas generalizadas nos hacen movernos hacia un escenario imprevisible que, sin duda, tendrá que ser bien explicado a la ciudadanía e ir acompañado de algún compromiso más para mejorar el funcionamiento de la Administración. Se trataría de encontrar cierto equilibrio entre derechos y obligaciones. Si no, se corre el riesgo de centrar el debate solo en lo económico y de que sea interpretado como otro importante privilegio más de los funcionarios que se adiciona al que ya tenemos de la inamovilidad en el empleo.