El nuevo canal de denuncias de la Diputación de Albacete

Albacete

Este martes fue noticia la creación de un canal de denuncias en la Diputación de Albacete. Bienvenido sea. El canal de denuncias es una vía que va a permitir la colaboración ciudadana en la detección de fraudes y conductas ilícitas. La idea es que cualquier ciudadano o empleado público que conozca de la comisión de algún tipo de irregularidad o fraude en la gestión de fondos públicos o en el funcionamiento de la Diputación -y de sus entes dependientes- pueda denunciarlo directamente y de una forma muy sencilla ante el Comité Antifraude que se ha creado en esta Administración local.

El sistema está diseñado de una forma segura en el seno del Plan de Medidas Antifraude de la Diputación de Albacete, aprobado en el acuerdo del Pleno de 2 de junio de 2022 (BOP de 5 de septiembre de 2022). Garantiza la confidencialidad de la identidad del informante y de todas las actuaciones que se desarrollen en la tramitación de la denuncia.

La medida hay que insertarla también en el ámbito de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que, por exigencias del Derecho comunitario, ha venido a establecer todo un régimen jurídico bien armado para proteger al ciudadano que muestra una conducta valiente de clara utilidad pública al denunciar delitos e infracciones administrativas. Nuestro legislador pretende evitar presiones por parte de los denunciados o represalias contra el denunciante.

La colaboración ciudadana en los asuntos públicos es un elemento clave de nuestro modelo de Estado que resulta indispensable para la eficacia del Derecho. Estas fórmulas ya existen en diversos ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, en materia de protección ambiental, en urbanismo, en materia financiera, etc. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin ir más lejos, establece el deber de todo ciudadano de denunciar los delitos que presencie. Ahora se trata de dar un paso más. Se ha entendido que la colaboración de los ciudadanos, no solo debe manifestarse en el cumplimiento de la normas, sino que debe estar también al servicio de la protección del interés público cuando éste resulte amenazado.

El Comité Antifraude está llamado a desempeñar un papel importante. Va a ser el responsable de tramitar estas denuncias. Estará integrado por cuatro funcionarios de la Diputación, designados directamente por su presidente, que dará cuenta del nombramiento al Pleno. En teoría, se trata de una comisión que debería actuar de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la Diputación, sin que pueda recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio.

En la práctica, no obstante, su funcionamiento podría suscitar alguna duda porque su creación no va acompañada de un régimen jurídico que garantice plenamente su independencia. Desde el ámbito de la teoría organizativa, para que un órgano pueda actuar sin presiones es imprescindible que no quede al albur del político de turno. Para ello, se pueden tipificar las causas del cese de sus miembros, se garantiza un mandato mínimo, que no esté vinculado a los cuatro años del mandato de la corporación, y, sobre todo, no se permite que puedan ser cesados discrecionalmente por quien los ha nombrado. Ninguna de estas garantías aparece recogida de forma explícita en su norma de creación.

En todo caso, la puesta en funcionamiento de este canal es una pieza importante para propiciar un cambio de cultura en la sociedad albaceteña y generar la conciencia de que no pueden consentirse ni silenciarse comportamientos ilegales o poco éticos, irregularidades en el manejo de los fondos públicos o simplemente conductas fraudulentas o poco íntegras por parte de nuestros políticos y empleados públicos.

Tolerancia cero para este tipo de comportamientos.