Se avecina subida de precio en el agua de Toledo: los tribunales obligan al Ayuntamiento a revisar las tarifas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo obliga al Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha a ejecutar dos resoluciones de su Junta de Gobierno Local, en la que se explicitaba que se debía de revisar el precio del agua durante el periodo 2020-2024, además de la subida que conllevase la actualización del IPC. Una sentencia del 17 de enero de 2023, aunque el auto para cumplir dicha sentencia está fechado el 4 de septiembre. Un auto en el que se daba un plazo de 10 días para acometer la revisión en el precio del agua.

En concreto, los acuerdos de la Junta de Gobierno Local se retrotraen al 26 de junio de 2014 y al 2 de agosto de 2018. En ambas Juntas de Gobierno Local se reseñaba que se iba a acometer una "revisión extraordinaria cada cinco años (independiente de la revisión según IPC) de las tarifas por consumo de agua". Una revisión que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que no se ha producido y, con ello, se estima parcialmente el recurso presentado por la empresa concesionaria del agua, Tagus. De este modo, los Tribunales obligan a revisar el precio del agua, ya sea al alza o a baja, en función de los cálculos correspondientes.

Estimación parcial del recurso de Tagus

Sin embargo, en las dos Juntas de Gobierno Local en las que se daba luz verde a esa revisión, se remarca que "dicha revisión se llevará a cabo tanto a la baja como al alza cuando el incremento de facturación de metros cúbicos de agua sea superior o inferior al 2% anual de servicios normales y al 2,5 % anual en servicios especiales (...) siempre que quede acreditada la buena gestión de la concesionaria, que se medirá con un rendimiento de la red igual o superior al 75 %".

No obstante, según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, a la que ha tenido acceso SER Toledo, se acepta parcialmente el recurso, puesto que se deniega la petición de una indemnización por parte de Tagus en concepto de "daños y perjuicios causados por la inactividad producida consistente en los ingresos dejados de percibir como consecuencia de no haber sido aplicada todavía la revisión de tarifas en el quinquenio 2020-2024. Por su parte, en el auto emitido se contemplan multas de 150 a 1.500 euros "a las autoridades, funcionarios o agentes" si no se cumple lo previsto en dicha sentencia.

El Ayuntamiento de Toledo lamenta la herencia recibida

De este modo, la concejala de Obras, Servicios, Parques y Jardines de Toledo, Loreto Molina, ha lamentado que el anterior ejecutivo, con Milagros Tolón a la cabeza, no aplicó la revisión que se había acordado en hasta dos de las Juntas de Gobierno del consistorio. Con ello, ha reseñado que "ahora mismo estamos pendientes de ejecutar una sentencia (...) el gobierno anterior no llevó a cabo una revisión de precios que había que realizar con carácter quinquenal (...) la sentencia es de enero y no se hizo nada"

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También, ha avanzado que "estamos viendo la fórmula para poder ver cómo encajamos la realización de dicha sentencia en los recibos (...) no solo el ciudadano de a pie se verá afectado, sino, también, empresas y otros organismos". Unas declaraciones que realizaba en el Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad, que se ha desarrollado este lunes en el Centro Cultural San Marcos. A este Consejo, además, ha acudido el portavoz de IU-Podemos de Toledo, Txema Fernández, quien ha vuelto a insistir en la remunicipalización del servicio. Todo ello, porque subraya que estos problemas se producen por subcontratar los servicios a una empresa privada.

El PSOE pide, ahora, responsabilidades al gobierno municipal

Por su parte, desde el PSOE han pedido que no eluda sus responsabilidades “y defienda los intereses de todos los toledanos y todas las toledanas”, al tiempo que ha recordado que el contrato del agua no es de la etapa anterior del gobierno socialista, sino del alcalde del PP, José Manuel Molina “y la decisión de subir el recibo del agua será exclusivamente del actual alcalde Carlos Velázquez”.

Con todo ello, las dos Juntas de Gobierno Local a las que alude la sentencia de lo Contencioso Administrativo se realizaron durante el gobierno de la socialista Milagros Tolón. De hecho, en la Junta de Gobierno del pasado 2 de agosto se detalla que "Se apliquen con carácter inmediato para el año 2018 las medidas ya aprobadas por este Órgano Corporativo en sesión de fecha 26 de junio de 2014 (...) es decir, el 4,2920% de incremento de la tarifa de los bloques de consumo II a V e industrial, más el IPC del 2,3% correspondiente al periodo agosto 2015 a marzo de 2018 (lo que supone un 6,5920% para estos bloques); y para el bloque de consumo I y el Factor Caudal, incrementar la tarifa únicamente el referido IPC del 2,3 %". Unos acuerdos, que según el recurso de TAGUS que se ha estimado parcialmente, no se han aplicado hasta la fecha.