Ya hay fecha para la subida en el recibo del agua de Toledo: lo obliga una sentencia judicial
Una subida que habían acordado anteriores gobiernos locales, pero nunca se ha llegado a aplicar
Una mujer se llena un vaso con agua de grifo / d3sign
Toledo (Toledo)
La concejala de Obras y Servicios de Toledo, Loreto Molina, ha avanzado, durante la presentación de la tercera fase de la prueba piloto para acabar con el bolseo en el Casco, la fecha en la que se comenzará a aplicar la subida en el recibo del agua. Una subida que se debe aplicar por mandato judicial y después de que anteriores gobiernos locales no hayan aplicado dos acuerdos acordados en Junta de Gobierno Local.
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En concreto, este incremento en el servicio del agua se aplicará desde el recibo del próximo mes de enero, por lo que se unirá a la subida por ley que se aplica en este servicio público. Un servicio que, según la concesión con la empresa Tagus, debe ser del IPC, por lo que, en esta ocasión, se aplicará el IPC y el porcentaje requerido por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo. Sin embargo, esa cantidad, de momento, se desconoce cuál será la que se aplique a partir del próximo 2024.
En esta línea, Loreto ha remarcado que "estamos trabajando para encajarlo de la mejor manera posible y que no sea muy gravoso para los ciudadanos (...) lo vamos a comenzar a implementar en el mes de enero". También, en este aspecto, ha subrayado que "hay que cumplirlo".
Una sentencia judicial de enero de 2023
De este modo, aquel Juzgado de Toledo obligaba al consistorio de la capital regional a ejecutar dos resoluciones de su Junta de Gobierno Local, en la que se explicitaba que se debía de revisar el precio del agua durante el periodo 2020-2024, además de la subida que conllevase la actualización del IPC. Una sentencia del 17 de enero de 2023, aunque el auto para cumplir dicha sentencia está fechado el 4 de septiembre.
En concreto, los acuerdos de la Junta de Gobierno Local se retrotraen al 26 de junio de 2014 y al 2 de agosto de 2018. En ambas Juntas de Gobierno Local se reseñaba que se iba a acometer una "revisión extraordinaria cada cinco años (independiente de la revisión según IPC) de las tarifas por consumo de agua". Una revisión que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que no se ha producido y, con ello, se estima parcialmente el recurso presentado por la empresa concesionaria del agua, Tagus. De este modo, los Tribunales obligan a revisar el precio del agua, que, previsiblemente, será al alza.
Precisamente, el anterior equipo de gobierno ya se dio por enterado de esta sentencia y afirmaba en una Junta de Gobierno Local que cumpliría la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo.
Alejandro Martín Carrillo
Doble graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador...
