Una amnistía

Albacete

La pasada semana presenté en el Ateneo Barcelonés el Dictamen sobre la amnistía que hemos elaborado 5 penalistas por encargo de Sumar, desde finales de julio. Al acto asistió la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. El Ateneo estaba abarrotado de ciudadanos y de periodistas, atraídos por un tema tan comprometido.

El Dictamen me lo encargó Jaume Asens, antiguo portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, y para su elaboración conté con 4 compañeros de varias Universidades españolas: Rafael Rebollo, de la Autónoma de Barcelona, Javier Mira, de la Universidad de Valencia; Guillermo Portilla, de la Universidad de Jaén y Antoni Llabrés, de la Universidad de las Islas Baleares.

El Dictamen explica por qué consideramos que la amnistía cabe perfectamente en nuestra Constitución democrática, que guarda silencio sobre ella pero no la prohíbe. Tanto como en Alemania, cuya Constitución también guarda silencio, o en Francia o Italia, donde se reconoce expresamente. Hace sólo un par de meses que el Reino Unido ha aprobado una amnistía para todo el denominado “conflicto irlandés”, para exculpar a quienes han cometido incluso asesinatos en ese contexto.

La que se propone en nuestro país está vinculada al denominado 'Procés', un movimiento político nacido a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, donde una mayoría conservadora de sus magistrados optó por contradecir lo que tanto el Parlamento catalán como el español habían aprobado con refrendo de más del 70% de los ciudadanos de Cataluña. A partir de enero de 2013, el Parlament giró el timón bajo el criterio del “derecho a decidir”.

Lo ocurrido a lo largo de esos años marca una senda de conflicto entre las instituciones catalanas y las del Estado español, que culminó en septiembre de 2017 con la aprobación de 2 leyes secesionistas en Cataluña, un desafío total a la integridad territorial de España, que se pudo atajar mediante la aplicación del art. 155 de la Constitución, cláusula que deja en suspenso -nada más y nada menos- la autonomía política de todos los ciudadanos de Cataluña. A partir de su aplicación y durante 8 meses Cataluña se gobernaba desde Madrid.

Ahí pudo quedar todo: una solución política muy dura contra actos de clara gravedad constitucional. Pero tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo decidieron emprender la senda del castigo penal, sirviéndose para ello del delito de rebelión. Muchos nos pronunciamos entonces contra esa calificación. Lo ocurrido después en ese barroco escenario -casi eclesial- de la Sala Segunda es bien conocido por todos: se abandonó la rebelión, porque no hubo una violencia idónea, pero se condenó por sedición, otro grave delito mucho más maleable.

La llegada de la mayoría progresista supuso orientar la respuesta al independentismo dejando a un lado el Derecho penal: indultos, derogación de la sedición…los cimientos de una respuesta política. La segunda fase de esa nueva orientación no punitivista es la amnistía: con ella, las aguas volverán a su cauce, sin que se sepa muy bien ahora si el conflicto terminará o se planteará de otro modo. Porque el afán de algunos (muchos, pero no la mayoría) por separar a Cataluña de España quizá se vea corregido por el daño infligido a una población,  que debe decidir -sí, por supuesto- pero no con el pulso acelerado de un caballo galopante que a la postre se desboca -como en 2017- sino en un marco de conciliación y diálogo.