Se llama 'lawfare'... Y sí existe

Albacete

Desde que se conoció el pacto suscrito entre el PSOE y JUNTS para conformar una mayoría política progresista en el Gobierno de España, que contenía una mera alusión al “lawfare”, se ha producido una especie de cataclismo en el mundo judicial, que se rasga las togas a las puertas de las Audiencias para demostrar su preocupación por el peligro que -según ellos- corre el Estado de Derecho en España. Y lo hacen provocando una alarma mayor sobre nuestro sistema democrático; curiosa forma de afianzarlo.

Se denomina “lawfare” a la utillización espuria del Derecho -con su amplia panoplia de herramientas legales y procesales- para combatir al enemigo político. En teoría, según la Constitución, los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley -art. 117.1-, pero se denuncia que en la práctica algunos parecen estar más sometidos al imperio de combatir al enemigo de izquierdas o nacionalista que a aplicar de una manera cabal el Derecho, de acuerdo con su obligación juramentada.

El fenómeno es mundial, no ocurre sólo en España, ni tampoco ocurre de unos años a esta parte sino desde el comienzo de los tiempos. Siempre que alguna persona se encarga de interpretar y aplicar el Derecho es susceptible de hacerlo de manera que incomode a sus adversarios, aún a riesgo de extralimitaciones.

Desde 2014 se han archivado más de 20 querellas contra los dirigentes de Podemos. Querellas que no tenían sustancia alguna y de cuyo archivo no se ha derivado la más mínima responsabilidad disciplinaria contra quienes las abrieron y cerraron a su antojo. Y cuando llegó octubre de 2017 los jueces del Tribunal Supremo se encargaron de combatir “como dios manda” aquello que los dirigentes del Gobierno no habían combatido suficientemente. El pasado domingo, la directora adjunta de La Vanguardia -periódico nada sospechoso de izquierdismo-, publicaba un artículo con el llamativo título “Jueces y parte”, en el que denunciaba que Rajoy “externalizó la gestión del proces a los tribunales”, o sea que derivó hacia el Derecho penal algo que podía resolver políticamente con un mínimo de esfuerzo y audacia. No lo hizo. El Supremo campó por sus respetos con una condena por sedición, delito olvidado durante décadas. Se echó mano de él para condenar a penas de prisión semejantes a la del homicidio a los dirigentes independentistas, merecido escarmiento contra los malos malísimos de esta historia, en la que la espada del nacionalismo español ha salido de cruzada.

Mientras los togados se manifiestan indignadísimos porque se les acuse de estar en “guerra jurídica”, uno de ellos -García Castellón- se inventa una delirante acusación por terrorismo contra el mismo demonio político del momento: Carles Puigdemont, y solicita informes a la OTAN sobre el bloqueo del aeropuerto del Prat….Como si quisiera aguarle la fiesta a sus colegas, demostrando más allá de toda duda razonable que, en efecto, algunos jueces piensan utilizar todo el armamento jurídico contra esos indeseables separatistas y algunos rojos peligrosos que, al parecer, no forman parte de esta España tan democrática en la que ya no cabemos todos.