Castigando la pobreza

Albacete

El proceso de desindustrialización supuso un aumento exponencial del desempleo, generando graves efectos perversos. Entre ellos, además de la precarización del trabajo, estuvo la creación de los subsidios condicionados.

Como dicen las magistradas Belén Tomás y Amaya Olivas (de los juzgados de lo social 42 y 1 de Madrid, respectivamente), se pasó así de un sistema de Seguridad Social donde las prestaciones eran concebidas como derechos, a un sistema donde se estigmatiza y denigra a los perceptores, que se consideran pobres, egoístas o inútiles.

De este modo, quienes perciben prestaciones mínimas han ido considerándose progresivamente como parásitos sociales. Los medios de comunicación contribuyeron a ello, porque siempre han destacado los escasos fraudes, mientras que nunca dieron cuenta de los numerosos errores por parte de los funcionarios que las tramitaban.

El resultado de este proceso es que ha instalado una la mentalidad perversa muy especialmente en nuestros políticos y gobernantes varios, pero también en la sociedad (incluyendo a no pocos que se autodenominan progresistas) la idea de que la pobreza es culpa exclusiva de quienes la padecen, por lo que no son merecedores de prestaciones sociales sino de la caridad y la beneficencia.

Se supone que el Ingreso Mínimo Vital que se aprobó durante la pandemia por parte del gobierno, iba a ser la prestación que configurase el derecho subjetivo a la subsistencia, como renta mínima no contributiva dentro de la Seguridad Social.

Pero los problemas reales de implantación y gestión del IMV, lo han convertido no solo en un fiasco sino en un suplicio:

Un fiasco porque -por ejemplo- y según la evaluación de la AIReF, no llega ni a la mitad de los hogares previstos; porque su mala gestión ha generado pagos indebidos sin justificación; y porque el complemento de infancia sólo llega a 274 mil familias del millón y medio que debería recibirlo.

Y un suplicio porque, además de la excesiva burocratización, la brecha digital y la falta de coordinación entre administraciones, los pagos indebidos sólo aumentan el sufrimiento de muchísimas familias que a su situación de pobreza deben sumar la deuda que les supone la reclamación, por parte de la Seguridad Social, de pagos supuestamente indebidos.

Digo supuestamente porque gran parte de esos pagos indebidos no son justificados por la administración y están generando una gran litigiosidad en los juzgados. Les doy un dato ilustrativo: en los juzgados de las dos magistradas antes citadas, las sentencias estimatorias contra la Seguridad Social y a favor de los demandantes, por denegación del IMV o por cobros indebidos, es del 74%.

Imaginen ustedes por un momento, que sus ingresos en el hogar no superan los 400 euros mensuales, que solicitan el IMV y se lo deniegan (o se lo conceden pero luego le reclaman que lo devuelva), y que tiene para conseguir esa prestación económica (que apenas llega a la mitad del salario mínimo) que litigar en un juzgado para conseguir que una magistrada dicte sentencia a su favor.

Si eso no es castigar a los pobres repetidamente, díganme ustedes qué es. Porque una prestación para garantizar el derecho a la subsistencia, desde luego no es.