Meses de espera y diferencias entre países: el limbo legal de los solicitantes de asilo en Castilla-La Mancha

Toledo

Casi 5.800 personas solicitaron asilo en Castilla-La Mancha en 2023 según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Otra cosa distinta es cuantos de ellos logran finalizar el procedimiento o simplemente iniciarlo. La falta de recursos para agilizar la tramitación de estas solicitudes afecta también a Castilla-La Mancha desde que el Ministerio del Interior suprimiera las colas en las oficinas de Extranjería e instaurara como única vía para iniciar los trámites la cita previa por correo o por teléfono.

La obtención de esa cita permite a los solicitantes de asilo acceder a la conocida como "hoja blanca", que les permite disponer de un NIE y que impide que puedan ser expulsados hasta conocer la resolución de su solicitud. Quienes no lo consiguen quedan en un limbo legal durante meses sin derecho a ningún tipo de protección. "No pueden quedarse en tierra de nadie, sin documentación y sin poder empezar un proceso al que tienen derecho", asegura Braulio Carlés, responsable de Accem en Castilla-La Mancha.

Esta entidad es una de las que facilita la primera acogida a las personas refugiadas que llegan a la región. Carlés pide corredores seguros para estas personas y más medios para agilizar el procedimiento de asilo en España. Las plazas de acogida han aumentado pero eso no siempre ha ido acompañado de un aumento de los recursos para generar estructuras "más capacitadas y que permitan dar una respuesta lo más ágil posible a estas personas sin tener que esperar un año".

La imposibilidad de obtener una cita previa para poner en marcha el procedimiento y la demora de más de un año para finalizar en muchos casos el proceso deja a los solicitantes de asilo en un limbo jurídico que puede prolongarse durante meses. "No pueden quedarse en tierra de nadie, sin documentación y sin poder empezar un proceso al que tienen derecho por las dificultades que tienen para tramitar el manifiesto de voluntad", asegura el responsable regional de Accem.

Esperar dos años para poder demostrar el arraigo en España, casarse o tener hijos en España es la única vía para quienes ni siquiera consiguen acceder al sistema. Una situación que muchos aprovechan para hacer negocio vendiendo citas a cambio de pagos de entre 150 y 200 euros y en algunos casos más. "Algunas de estas citas pueden ser falsas pero la mayoría son verdaderas", explica Kelly Rabines, que dirige un despacho de abogados en Toledo especializado derecho de extranjería.

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Rabines apunta además una variable económica para explicar lo incongruente de este tipo de situaciones. Señala que la regularización de estas personas ayudaría a las arcas del Estado al acabar con la economía sumergida a la que muchos solicitantes de asilo se ven abocados para poder mantenerse en España. "Viene gente que tiene ganas de salir adelante trabajando legalmente y que huye de su país por miedo a que les maten. Si tuvieran seguridad en su país no tendrían que venir a España"..

Vía preferente para Ucrania

Entre los solicitantes de asilo internacional cunde también una sensación de desagravio al constatar las diferencias según el país de procedencia. Mientras que el proceso se eterniza o es prácticamente imposible para quienes llegan de África, Oriente Medio o Latinoamérica -de donde proceden la mayoría de las solicitudes- países como Ucrania disponen de una vía preferente que permite obtener la protección internacional en pocos meses y acceder así a un permiso de trabajo y residencia.

Es el caso de Oleksandra, una joven ucraniana que llegó a Toledo hace dos años y que trabaja como ceramista en un taller de la capital. En apenas unos meses contó con la documentación necesaria para obtener el permiso de residencia y trabajo en España. "Accem nos ayudó con toda la documentación y en junio ya tenía la tarjeta física pero al llegar la Policía Nacional también nos da un documento que nos permite trabajar y abrir, por ejemplo, una cuenta bancaria", explica.

"Ucrania está pasando por un conflicto pero Mali o Senegal también", recuerda Carlés. "Hay que dar una respuesta más equitativa y más equilibrada cuando se trata de dar una protección internacional". El presidente de Accem añade además otra dificultad al drama de estas personas: las dificultades para acceder a una vivienda. Los precios de los alquileres, las fianzas de hasta tres y cuatro meses o el temor a posibles impagos convierten en una odisea el derecho de estas personas a emprender una nueva vida.