Garrote vil

Albacete

Cuesta trabajo explicar que hace ahora cincuenta años en nuestro país se aplicaba la pena de muerte. Todavía es más complicado entender que el procedimiento seguido fuera el garrote vil, es decir, la muerte por asfixia como consecuencia del estrangulamiento. El final de la larga dictadura franquista fue tan penoso que, incluso cuando hablamos de violencia y represión, recordamos otros episodios que han tenido más repercusión.

En diciembre de 1970, en Burgos, se celebró el consejo de guerra que juzgaba a militantes de ETA acusados de varios asesinatos. El veredicto impuso seis condenas de muerte y 752 años de cárcel. La presión internacional suavizó las penas y los ajusticiamientos no llegaron a producirse. En junio de 1972 un fuerte dispositivo policial detuvo en el convento de Pozuelo de Alarcón a diez dirigentes de Comisiones Obreras, entre los que se encontraban Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido y Francisco García Salve. La organización, después de haber practicado el entrismo en las estructuras del Sindicato Vertical y de haber conseguido copar los primeros puestos en aquellas fraudulentas elecciones sindicales, había sido declarada expresamente ilegal. Eso no impidió que la conflictividad, sobre todo laboral, fuera creciendo a lo largo de los años setenta. Fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público que inició el juicio oral el 20 de diciembre del año siguiente, el mismo día del asesinato del presidente de Gobierno Luis Carrero Blanco, lo que hizo peligrar la vida de los acusados por la tensión de algunos militares. La sentencia del llamado Proceso 1001 superaba los 160 años de cárcel. La tensión y los enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y los diferentes movimientos sociales se saldaron con numerosas detenciones, estados de excepción y la muerte de huelguistas por disparos de la fuerza pública en Granada (1970), Madrid (1971), Barcelona (1971), Ferrol (1972), San Adrián del Besos (1973).

Como reflejo de la revolución de 1968 surgieron en Europa varias organizaciones que abrazaron la violencia como instrumento político. Muchos se declaraban anticapitalistas y emprendieron acciones de guerrilla urbana, como los alemanes de la Baader-Meinhof o las Brigadas Rojas italianas. Otros, con el argumento del etnonacionalismo, como la IRA irlandesa o la ETA española, invocaron la lucha armada con un tremendo reguero de muertes a sus espaldas. En España también surgió, en 1971, el Movimiento Ibérico de Liberación, de inspiración ácrata, en el que apenas llegaron a militar una docena de integrantes fogueados en otros grupos o plataformas obreras. Era el caso de Salvador Puig Antich, joven de familia acomodada, que después de varios renuncios participó en algunos atracos a entidades bancarias. La policía franquista creó la Brigada Criminal para combatirlos. Montó un dispositivo que acorraló al joven Puig Antich en una finca de la calle Consejo de Ciento (Barcelona) donde se produjo un tiroteo en el que perdió la vida el joven subinspector Francisco Anguas. Nunca se pudo demostrar que la bala hubiera salido de la pistola del anarquista y tampoco se pudo descartar el “fuego amigo” de otro policía. Salvador fue recluido en la celda 443 en régimen de aislamiento. Allí estuvo cuatro meses hasta que la mañana del día 2 de marzo de 1974 fue ejecutado por garrote vil.

Sobrecoge visitar hoy la cárcel Modelo, convertida con mucho acierto y consecuencia de las políticas públicas de memoria democrática en un lugar de memoria del antifranquismo. La ejecución tuvo lugar en las dependencias que se usaban como paquetería, prácticamente a la entrada del recinto. La justicia franquista quiso, con vocación ejemplarizante, hacer coincidir su muerte con la de un preso común, el alemán Georg Michael Welzel, conocido como Heinz Ches, presunto asesino de un guardia civil, cuyo proceso militar estuvo también salpicado de irregularidades. En septiembre de 1975 se llevaron a cabo las últimas ejecuciones: tres miembros del FRAP y dos de ETA. En total, nueve ejecuciones desde la de Julián Grimau en 1963. Es la historia de la pena de muerte en la España del Presente.