Más transparencia y vigilancia a los altos cargos: así es la ley que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha
Los altos cargos regionales estarán obligados a inhibirse en las tomas de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha / A.Perez Herrera
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. Con ella, apuntan desde la Junta, quieren dar un paso más en la transparencia de las actividades, bienes y rentas que tienen y desempeñan los altos cargos públicos.
Lo quieren hacer con una ley que, según prevé el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, será aprobada por las Cortes regionales en este periodo de sesiones.
"Castilla-La Mancha ha sido, desde su origen, una comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la gestión pública", ha defendido el vicepresidente primero, quien ha recordado que esta nueva ley cierra el entramado jurídico para garantizar la honestidad en la gestión pública, la transparencia de la gestión, y el buen gobierno y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en aquellos asuntos que son de su interés.
En la primera legislatura se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la segunda legislatura la Ley de Participación Ciudadana y, en esta tercera, se aprobará la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.
Nuevas obligaciones
Una ley por la que se otorgan funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad -ya existente- y que establecerá nuevas obligaciones a los altos cargos como la de presentar en el momento de la toma de posesión una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública.
Esta declaración se unirá a la de Actividades, Bienes y Rentas, que se viene ya realizando, teniendo la Oficina de Integridad la función de comprobar la veracidad de la mismas.
En el caso de que se encuentre alguna incompatibilidad, hay un plazo de un mes de que se toma posesión para resolverla. En el caso de no resolverse esa incompatibilidad, esa persona debería abandonar el cargo público. Además, se crean dos registros, el registro de actividades y el registro de bienes y derechos de los cargos públicos.
También los altos cargos regionales estarán obligados a inhibirse en las tomas de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, por estar involucrados en las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión, estando obligados a comunicar la abstención a la Oficina de Integridad para que conste en el Registro de Actividades que crea ley y que gestiona la Oficina.
Además, tras cada convocatoria de elecciones, todos los miembros del Gobierno regional deberán hacer una declaración específica sobre su situación patrimonial en ese momento ante la Oficina de Integridad, que evaluará la información y emitirá un informe que refleje las diferencias observadas entre la situación patrimonial en el momento del nombramiento y el momento de la convocatoria, así como la congruencia entre ambas situaciones, informe que será publicado en el Portal de Transparencia. Esta declaración también podrán realizarla de forma voluntaria el conjunto de altos cargos de la Administración regional.
Igualmente, los altos cargos estarán obligados, tras el cese, a declarar ante la Oficina de Integridad el desempeño de actividades privadas que quieran desarrollar para que pueda comprobarse que no realizarán, en un plazo de dos años, actividades para empresas en las que hayan tenido una intervención en expedientes de subvención o contrataciones, con el fin de evitar las llamadas puertas giratorias.
¿Qué es un alto cargo?
Una de las novedades de la ley es la definición de una manera más clara del ámbito de aplicación subjetiva de las obligaciones que pone el texto, es decir, una definición más clara de qué se entiende por alto cargo.
"Estamos hablando, por supuesto, del Consejo de Gobierno, de todos los órganos directivos de asistencia y de apoyo, viceconsejerías, direcciones generales de la estructura del Gobierno regional, pero también todas las personas que, o bien son presidentes, directores generales, directores gerentes, de cualquier ente público que forma parte del sector público regional, bien sea un organismo autónomo, una entidad pública, una empresa pública o una fundación".
Esta ley también afectará a todas aquellas personas que tengan un contrato de alta dirección o que sean personal directivo en aplicación de la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha.
