¿Quién defiende al pueblo?

No se si han tenido la ocasión de verse obligados a reclamar, de un modo u otro, sus derechos ante la Administración de Justicia. Probablemente en ese caso, habrán apreciado que, salvo excepciones, los procedimientos no son rápidos, sino más bien todo lo contrario.

La Administración de Justicia se nutre de funcionarios que han de demostrar su mérito y capacidad conforme a un sistema de oposición. Es evidente que las personas de la integran son lo suficientemente capaces de llevar a delante su labor. Por supuesto que habrá un pequeño porcentaje, como en todas las profesiones, que dan mala imagen a los demás no desarrollando su trabajo adecuadamente.

Desde hace mucho tiempo, todos los que participamos de un modo u otro en el desarrollo de esa Administración, venimos poniendo de manifiesto la insuficiencia de medios materiales y humanos para llevar a cabo su labor de modo que se desarrolle en un tiempo razonable. El Tribunal Constitucional ya ha declarado que una justicia tardía no es justicia.

Lo cierto es que el retraso en la Administración de Justicia viene siendo proverbial desde hace decenas de años, a lo que hay que añadir otros motivos de paralización, como lo fue la pandemia y todo lo que llevó consigo en 2020 o las huelgas del año 2023 que supusieron la suspensión durante prácticamente 6 meses de miles de procedimientos. Sumen Ustedes todo eso y se podrán hacer una idea de la situación actual.

En ese estado de cosas, el Defensor del Pueblo, en una muestra de que algunas de nuestras instituciones, o más bien sus integrantes, no están en el mundo sino que viven en otra galaxia, se pronunció sobre el tema en su informe de 2023 con una recomendación: reclama al Consejo General del Poder Judicial que aplique las herramientas legales disponibles con el fin de evitar actuaciones dilatorias de mala fe por parte de los abogados, ya que perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas.

Los que defienden los derechos de los ciudadanos parecen ser los causantes de que éstos no tengan una justicia ágil.

Verdaderamente, si esto es lo que considera el Defensor defender al pueblo no nos imaginamos cómo será atacarlo, porque demuestra un desconocimiento de la realidad verdaderamente asombroso.

Conviene, no obstante, no cebarse con el Defensor del Pueblo, ya que, ante la protesta firme de la Abogacía Española, se retractó señalando que esas actuaciones eran excepcionales. Por ello, habiendo un algo cargo que es capaz de retractarse, queda espacio para la esperanza. Ahora queda esperar a que los que sí que tienen poder de decisión se enteren de los verdaderos problemas de la Administración de Justicia. Esa sería la manera de defender al Pueblo. En él reside la soberanía y de él emanan sus poderes. Deberían poner los medios precisos para su defensa adecuada.