Racismo institucional en el parlamento y en la calle

La agresión policial a dos jóvenes negros en Lavapiés que todos pudimos ver hace unos días gracias a la grabación de alguien que lo presenció desde un coche, es una expresión palmaria del racismo institucional existente en España. No se trata de un hecho aislado ni anecdótico: lo sufren día a día las personas consideradas inmigrantes (aunque no lo sean), y especialmente las personas negras.

El racismo institucional es la dimensión más oculta de la dominación racial, y tiene la función de legitimar política y socialmente el racismo. Se ejerce a través de normas, leyes, regulaciones y procedimientos discriminatorios; a través de políticas públicas que tienen efectos discriminatorios sistemáticos; y a través de acciones ejercidas por personas que representan y trabajan en las instituciones, incluyendo a quienes representan la Ley y el Estado (como la policía en este caso).

Las personas racializadas o consideradas inmigrantes, especialmente si son negras, ‘moras’ o gitanas, son víctimas del racismo institucional más intenso, pudiendo llegar a la agresión y la violencia más extrema, como hemos visto en el caso de la actuación policial en Lavapiés. Y esta conducta institucional de agresión y violencia racista evidencia cómo se realizan controles a personas racializadas que no se hacen al resto de la población.

En la experiencia vivida por las personas migrantes, es común y frecuente que varios ámbitos del racismo institucional se articulen y retroalimenten simultáneamente. Por ejemplo, las conductas discriminatorias y violentas que ejercen individuos concretos (policías en este caso) se ven facilitadas o justificadas por prácticas institucionales represivas que las toleran o favorecen. La discriminación institucional tiene una dimensión que depende de la conducta individual de los representantes institucionales, pero también tiene una dimensión que depende de la estructura de las propias instituciones.

Por eso el racismo institucional es el más peligroso de todos: porque va más allá del discurso del odio y es aún más grave que las expresiones públicas que deshumanizan y desprecian a los migrantes. Son las instituciones las que ejercen y perpetúan sistemáticamente el racismo. El caso de Lavapiés ilustra claramente cómo el trato indigno y violento es una práctica institucionalizada.

Mañana, en sede parlamentaria, seguramente asistamos a otro episodio grave de racismo institucional. Porque en el Congreso, los diputados de PSOE, PP y Vox tienen previsto no aceptar, ni siquiera para que se debata, la Iniciativa Legislativa Popular en la que 700 mil personas y 900 entidades sociales solicitamos la regularización del medio millón de personas migrantes que viven en España, que trabajan y pagan aquí sus impuestos pero no tienen regularizada su situación, y de las cuales casi una cuarta parte son niños y niñas.

El racismo institucional ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde una histórica sentencia de 2019. No es un invento académico ni una ocurrencia del movimiento antirracista.

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