Servicio Público

Ayer, día 16 de abril, se inició en el Colegio de la Abogacía de Albacete, un curso de formación en derecho penitenciario. El curso es posible gracias al Convenio existente entre el Colegio de la Abogacía y la Excma. Diputación de Albacete y tiene su origen en las Jornadas de Derecho Penitenciario organizadas por el Colegio y el Consejo General de la Abogacía Española, en nuestra ciudad en 2022, inauguradas por Victoria Ortega, Presidenta de la Abogacía Española, y Santiago Cabañero, Presidente de la Diputación Provincial.

Se trata de un ambicioso proyecto, articulado en 10 jornadas de dos horas cada una de ellas, con veinte ponencias a cargo de especialistas de todo el país, y que tiene por finalidad crear un cuerpo de profesionales de la Abogacía especializado en la materia a fin de prestar servicio a las personas que, por una razón u otra, están privadas de libertad.

El esfuerzo no es sólo de la Diputación Provincial y del Colegio de la Abogacía, sino también de los propios profesionales participantes, toda vez que el servicio a prestar no será retribuido, poniendo de manifiesto una vez más la vocación de servicio de la Abogacía, especialmente cuando sus destinatarias son las personas más desfavorecidas.

Esa idea de servicio público de nuestra profesión es sin duda la que ha inspirado a la Diputación Provincial, encabezada por su Presidente, Santiago Cabañero, a prestar esta colaboración que se extiende a otros colectivos como es el de personas con discapacidad, respecto de las cuales se vienen organizando jornadas desde 2019 auspiciadas por la Diputación, el Colegio de la Abogacía, el Colegio Notarial y la Fundación Aequitas.

Esta labor callada y continuada, fruto de la colaboración entre instituciones, bajo la idea de servicio que debe presidir su actuación, pasa muchas veces inadvertida para los ciudadanos que son, al final, los destinatarios últimos de su contenido, creando una sociedad más solidaria.

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Las personas que se encuentran en prisión, independientemente de la causa de su situación, tienen derechos que deben ser tutelados. Y el grado de tutela de esos derechos habla en favor o en contra de la sociedad que ha determinado las normas que han supuesto esa situación. La proclamación constitucional de que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y reinserción social nos obliga a un esfuerzo extra tendente a apoyar a quienes se ven privados de uno de los derechos fundamentales.

Muchas personas realizan en nuestra sociedad una aportación modesta pero imprescindible para que su desarrollo no sea lo que, con demasiada frecuencia, se nos muestra en los noticiarios. Y en ello están instituciones como la Diputación Provincial y el Colegio de la Abogacía de Albacete, mostrando su compromiso con los ciudadanos más desfavorecidos, y los profesionales de la Abogacía, con una vocación de servicio que forma parte de su esencia.

Todo ello sin olvidar nunca que los auténticos destinatarios de la colaboración, la formación y el servicio son las personas privadas de libertad y que necesitan de asesoramiento y defensa.