Los 'pisos negros' de Yedra 8 en Toledo: una situación enquistada desde hace años

Las viviendas de la Calle Yedra 8 de Toledo, denominadas como los 'pisos negros', siguen con la problemática de ocupación, tráfico de drogas e impagos por parte de diversos vecinos de estas casas de protección oficial. Unas viviendas que se comenzaron a conceder allá por 2012 y, más de una década después, sus inquilinos han mostrado, en repetidas ocasiones, el malestar por la situación de este edificio. Situación en forma, también, de una mala conservación o falta de mantenimiento de las zonas comunes, tal y como han denunciado públicamente varios de sus vecinos.

Con ello, la empresa pública GICAMAN, que gestiona estos alquileres sociales, ha requerido el pago de la deuda que mantienen varios de sus vecinos. De ellos, hasta 12 han remitido un escrito de respuesta a esta misma empresa. Un escrito que han registrado este miércoles por la mañana, a través de su abogado, que es Javier Ruiz García. En este escrito, se reseña que hay algunas cuotas que ya han prescrito y en esa deuda se incluyen los alquileres de los garajes y trasteros. Estancias del edificio que se tapiaron hace más de dos años, con el objetivo de evitar la ocupación y de la actividad delictiva que allí se desarrollaba. También, el propio letrado asegura que no es legal cobrar unas cuotas de comunidad cuando no se realiza un mantenimiento o conservación adecuado de las diferentes zonas comunes.

No obstante, Ruiz ha subrayado que estos vecinos no se niegan a pagar lo adeudado, pero han puesto encima de la mesa su propio calendario de pagos para poder hacer frente a dicha deuda. Este calendario, tal y como ha avanzado el propio abogado en SER Toledo, podría sobrepasar los 10 años en algunos casos. Un largo periodo de cadencia para hacer frente al pago, motivado por la situación económica y familiar de algunos de estos vecinos. Vecinos que siguen denunciando públicamente los problemas de insalubridad que sufren en las diferentes zonas comunes.

También, estos mismos vecinos han vuelto a insistir en los problemas de seguridad que sufren por las ocupaciones ilegales y el tráfico de drogas que se desarrolla en su propio edificio. Una situación que, asegura, cada vez va a peor y que urgen a la administración regional a tomar medidas para poner fin a estos hechos, que se vienen produciendo desde hace años.

Celebrados 11 juicios para desahuciar ocupas en los pisos negros de Toledo

Por su parte, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha insisten en que se han abierto casi medio centenar de procedimientos judiciales. De ellos, 21 de ellos se han realizado por la vía penal, según los últimos datos aportados por el propio ejecutivo. De hecho, la directora general de Vivienda en la región, Inés Sandoval, ha avanzado que este miércoles se han desarrollado hasta once juicios para acometer el desahucio de estas personas que ocuparon ilegalmente algunas de las casi 150 viviendas sociales.

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Unos juicios que llegan, aseguraba, después de iniciar el procedimiento hace dos años. Unas viviendas que se comenzaron a entregar allá por 2012 y que algunos de sus vecinos optaron por abandonar el edificio cuando comenzaron los conflictos vecinales y los diferentes hechos delictivos. En este sentido, la propia Junta, a fecha 31 de enero 2024, confirmaba que había una deuda de casi tres millones de euros por parte de los diferentes inquilinos. De hecho, aseguraba que apenas ocho estaban al corriente de pago por aquel entonces.