Cuchillos y navajas de Albacete podrían recibir la IGP en 2025: "Es esencial para proteger nuestra artesanía"
Es una demanda que llevan realizando desde APRECU mucho tiempo: "Es una herramienta que necesitamos sí o sí para la identificación de nuestro producto"
Detalle del Museo de la Cuchillería (Albacete), oficio por el que la ciudad es mundialmente conocida
La Asociación de Cuchilleros de Albacete espera recibir a lo largo del próximo año la Indicación Geográfica Protegida para identificar su producto y diferenciarlo de la competencia desleal que realizan otros países. Es el deseo de la presidenta de APRECU, Pilar Jiménez, que en declaraciones a la SER ha asegurado que es un paso que siguen esperando desde hace mucho tiempo y que espera que por fin pueda ser una realidad en 2025.
"Esperamos tener luz verde para la IGP, es básicamente la denominación de origen de nuestro producto, esta luz verde es un tema burocrático, pero necesitamos el reglamento en firme, para el cual sabemos que ya están trabajando desde Europa. Creo que el próximo año lo tendremos, es una herramienta que necesitamos sí o sí para la identificación de nuestro producto", ha aseverado Jiménez.
Y es que el Parlamento Europeo ya aprobó de manera definitiva a las nuevas medidas de protección de indicaciones geográficas para productos de artesanía e industriales. Esa normativa incluye a la tradicional producción cuchillera de Albacete, por lo que se la ha conocido popularmente como 'IGP de la Cuchillería'.
Según detallaban desde la Eurocámara, la norma, acordada con el Consejo en mayo de 2023, garantiza que productos de renombre -como cristal, bordados o piedras- esten protegidos tanto en la UE como a nivel global. El texto unifica reglas nacionales divergentes sobre registro, control y aplicación de la protección de las indicaciones geográficas (IG). Estas tareas quedarán repartidas entre las autoridades nacionales y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).
Las empresas más pequeñas recibirán apoyo para tramitar las solicitudes. Los Estados miembros serán responsables del control, incluidos los bienes vendidos en línea, y de la aplicación, asegurándose de que los productos se comercialicen de conformidad con sus especificaciones de producto.
