La Junta de Castilla-La Mancha abre diligencias previas para una posible sanción al aeropuerto de Ciudad Real
El gobierno regional ha remitido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, en la que le avisa que será inspeccionado por la realización de unas actuaciones sin autorización y se reserva actuaciones de restauración
Ciudad Real
El gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, en la que le avisa de la apertura de actuaciones previas a un posible expediente sancionador en materia urbanística.
Una misiva, a la que ha tenido acceso la Cadena SER y que llega tras la polémica suscitada por la posibilidad de que la infraestructura pueda albergar un centro de acogida de inmigrantes, está firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, en la que le comunica que en los próximos días será informado del día y hora para hacer inspección de sus instalaciones en el ejercicio de las competencias.
El gobierno regional abre la posibilidad de iniciar un expediente sancionador en materia urbanística tras, argumenta el escrito, haber recibido una carta del ayuntamiento de Ciudad Real en la que se constata la realización de algunas actuaciones sin autorización.
Destaca el texto la necesidad de aclarar los hechos ante una posible ilegalidad y también por la gran repercusión mediática y preocupación social que ha levantado la posibilidad de instalar este centro de acogida en el aeropuerto, un proyecto que no encaja en los usos dotacionales previstos.
En el escrito se indica además que se abre audiencia a la empresa y se cita al propietario a acudir a la Consejería de Fomento para que alegue lo que estime oportuno y ponga en conocimiento de la Administración autonómica cuantas actuaciones se hayan realizado al respecto, "y que de hecho se están haciendo" en las instalaciones.
Avisa el Gobierno de Emiliano García-Page que llegado el caso, se reserva el derecho de ejercitar la acción de restauración de la ordenación territorial y urbanística y cuantas otras acciones pudieran derivarse.