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Albacete

Hace unos días, en el aeropuerto de Bogotá, me llamó la atención una advertencia que aparecía encima de cada mostrador de facturación de todas las compañías aéreas, alertando sobre la trata de jóvenes y niñas con fines de explotación sexual. Unos años antes, esos avisos no existían. Por eso hoy, con motivo del Dia mundial para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexuales contra los niños y niñas, debemos conocer algunos datos.

A nivel mundial, según cálculos de Naciones Unidas, 120 millones de niñas y adolescentes menores de 20 años, han sufrido relaciones sexuales no consentidas. Los datos de 24 países de renta alta y media, indican que la prevalencia de la violencia sexual contra las niñas oscila entre el 8% y el 31%, y entre el 3% y el 17% contra los niños.

Una cuarta parte de los niños y niñas menores de 5 años en el mundo, vive con una madre víctima de violencia de género a manos de su pareja. Y uno de cada 20 hombres admite haber tenido comportamientos sexualizados online hacia niños y niñas que sabía que eran menores de 12 años. En España, la mitad de las víctimas de delitos sexuales son menores. Más del 80% son niñas que empiezan a sufrir abusos en la infancia, la mayoría antes de cumplir 12 años. Y la mayoría de los delincuentes abusadores y violadores son hombres del entorno familiar. El padre es el agresor en la mitad de los casos.

Estos datos del Ministerio del Interior son solo la punta de iceberg, porque se estima que solo se denuncia un 15% de los abusos sexuales que ocurren en la infancia. Por eso la mayoría de la gente cree que esos casos apenas existen, pero eso es falso, porque la prevalencia del delito de abuso sexual a menores es muy elevada en España: se estima que entre un 10% y un 20% de los menores sufren este tipo de abusos en nuestro país.

Los informes anuales de Save The Children que analizan sentencias, muestran el calvario judicial por el que tienen que pasar los menores y resaltan los graves fallos que deben ser corregidos con urgencia para que las niñas y los niños puedan tener juicios justos que no los revictimicen ni alarguen los procesos. Es a lo que está obligada España por la legislación internacional y la propia legislación nacional. Que desde luego incumple el propio estado.

Save The Children quiere implantar en todas las comunidades autónomas el modelo Barnahus de atención integral, donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria. En 2020 se abrió la primera Barnahus en Tarragona y otras comunidades están siguiendo ese mismo camino. Pero, lamentablemente, Castilla-La Mancha no es una de ellas. Y no quiero terminar sin recordar que el 19% de la población infantil del mundo (473 millones de niños y niñas) vivían el año pasado en zonas de guerra, donde las violaciones de sus derechos son aún mayores. Hoy, esa cifra es todavía más alta.