"El saldo migratorio es positivo en 11.000 personas": las comarcas despobladas de Castilla-La Mancha comienzan a revertir la situación
Imagen de archivo de una de las panorámicas de la comarca del Campo de Montiel, al sur de la provincia de Ciudad Real, una de las comarcas que más sufre la despoblación en la región / Saber Sabor
Ciudad Real
Ciudad Real ha acogido la celebración del Consejo regional de Despoblación, al que han asistido, además del vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; así como representantes de los Grupos de Desarrollo Rural;. Un encuentro en el que se ha puesto la lupa en las medidas que se están desarrollando y la posibilidad de implementar nuevas.
Y de momento parece que las políticas funcionan según ha detallado el al vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro: hay un saldo migratorio positivo en estas comarcas de 11000 personas que han decidido ir a vivir a una de estas zonas despobladas y 1.600 familias se han visto beneficiadas por las exenciones fiscales por migrar a estos territorios. Además se ha avanzado la creación de una oficina para solucionar los problemas de vivienda para dar solución al grave problema de alojamientos estables que tienen estas comarcas.
Más de 89.000 personas se han beneficiado de alguna de las deducciones fiscales incluidas en la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha en la campaña de la Renta del 2023 que tienen un monto total de 40 millones de euros, lo que supone 7.000 personas más que el año anterior.
Entre las políticas que se pueden mejorar, posibles modificaciones al programa de transporte sensible a la demanda, todo un éxito en el Campo de Montiel pero que necesita una mayor flexibilidad en otras comarcas.
También el problema que tienen muchas personas que deciden irse al medio rural para encontrar una vivienda. La solución no pasaría por construir, ya que ocasionaría más gastos para los ayuntamientos en el mantenimiento al tener que aumentar la iluminación o las redes de suministro y alcantarillado, si no en habilitar las casas vacías. Para ello se quiere crear una oficina que aglutine la oferta antes de que finalice el año.
En todo caso, asegura Guijarro, las medidas que se han adoptado parece que van por buen camino y el saldo migratorio de estos territorios afectados por la población es positivo en 11.000 personas.
Presupuestos para estas políticas
Además se ha hablado de la memoria de proyecto de presupuesto de 2025 para luchar contra esta situación: este año en la región se van a destinar 2.036 millones de euros a políticas contra la despoblación, un 6 por ciento más que el anterior. El 25 por ciento de los fondos propios de la Junta se destinan para revertirla, casi el 4 por ciento del PIB.
Se trata, ha dicho, de cerca de 5,6 millones de euros diarios para el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia. Esto significa que, tal y como se recoge en la Memoria de Impacto Demográfico de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las políticas activas frente a la despoblación para el año 2025 de la Junta representan casi el 25 por ciento del techo de gasto de la Junta, que es el presupuesto efectivo de la región para el próximo ejercicio y suponen el 3,7 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha. En palabras del vicepresidente primero, el presupuesto regional para el próximo año “demuestra el compromiso firme del Ejecutivo Autonómico con la lucha contra la despoblación superando las reivindicaciones de los colectivos de la ‘España Vacía’, lo que nos hace ir varios pasos por delante”.
Revisión de la estrategia
Durante la reunión del Consejo regional de Despoblación, Martínez Guijarro ha recordado que el próximo año se hará la primera revisión de la Estrategia frente a la Despoblación (ERD), la principal herramienta de aplicación de la Ley, con el fin de analizar su evolución y abordar los ajustes necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Y es que, tal y como ha subrayado, la estrategia tiene una vigencia de diez años, con revisiones cada cuatro años, y contempla hasta 210 medidas en cuatro ámbitos de actuación, servicios públicos, económico, social y territorial, encaminadas a favorecer el asentamiento y la fijación de población. En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo regional está trabajando junto con los Grupos de Desarrollo Rural en la elaboración de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) que nacen para ahondar en las necesidades específicas que tiene cada uno de los territorios afectados por la despoblación en la Comunidad Autónoma. Serán, tal y como ha recordado, “26 agendas que se han concebido para acercar la lupa en cada una de estas zonas e identificar los estrangulamientos que están impidiendo el desarrollo económico y el asentamiento de población en estos municipios y generar las oportunidades en el territorio”. Además, en el marco de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural, el Ejecutivo autonómico está trabajando en una normativa que permita simplificar los procedimientos urbanísticos que servirán para favorecer el trabajo de estos municipios en materia de vivienda. El objetivo es que esa futura normativa agilice no solo la concesión de licencias, sino también la aprobación de otros instrumentos urbanísticos como calificaciones urbanísticas, proyectos de urbanización o de reparcelación, entre otros, “que van a servir para la implantación de empresas en nuestro territorio y el desarrollo de nuestros pueblos”.
