Los '8 de la Caixa' no se presentarán al juicio que se vuelve a fijar para febrero de 2025
La protesta en la oficina de La Caixa en Cabanillas del Campo, por la que serán juzgados, ocurrió hace siete años
Protesta frente a La Caixa por este proceso
Cabanillas del Campo
Nuevo señalamiento para un juicio que lleva pendiente 7 años, el de las 8 personas que se encerraron en una oficina de La Caixa en Cabanillas del Campo en protesta por un desahucio y fueron desalojadas por la Guardia Civil.
El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara ha señalado la vista para los días 10 y 12 de febrero de 2025, pero ya anuncian que no se van a presentar al juicio porque consideran que es un juicio político y se declaran objetores de conciencia.
HECHOS A JUZGAR
La acción por la que van a ser juzgados ocurría el 5 de diciembre de 2017 cuando 5 hombres y 3 mujeres, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, entraron en la oficina de Caixabank de Cabanillas del Campo para acompañar a una mujer, Paola, que estaba negociando con la entidad para evitar el deshaucio de la vivienda que ocupaba. Querían por escrito el compromiso que verbalmente la entidad les había manifestado en el sentido de que no iba a ser deshauciada. Como dicho escrito no se les facilitó decidieron quedarse dentro de la entidad, sentados en el suelo.
Los acusados dentro de la oficina de La Caixa de Cabanillas del Campo
Los acusados dentro de la oficina de La Caixa de Cabanillas del Campo
Poco antes de las 2 de la tarde el director les pidió que se marcharán porque tenían que cerrar la oficina, a lo que se negaron. Fue entonces cuando se avisó a los Cuerpos de Seguridad y se personaron Policía Local y Guardia Civil. Los agentes les dieron 15 minutos para marcharse pero ellos permanecieron en la oficina por lo que fueron detenidos.
PETICIÓN DE PENAS
Por estos hechos la Fiscalía les acusa de un delito de resistencia a los agentes y otro de allanamiento de local público y solicita 11 meses de prisión.
La Acusación de Caixabank estima que además hubo un delito de coacciones y otro de desórdenes públicos y sus peticiones suman 3 años y 9 meses de prisión y multa de 3.600 euros.
Y la Defensa sostiene que fue una acción totalmente pacífica, sin alteración de orden público y pide la absolución de los acusados. Entiende que el delito leve de allanamiento de local público habría prescrito.
Los acusados entienden que todo este proceso hay varias irregularidades. Desde una detención, en su momento, que consideran ilegal, pasando por destrucción de pruebas como las imágenes de las cámaras de la entidad o la excesiva dilación del proceso.
La causa se ha ido retransado por diversos motivos: la pandemia, la huelga de letrados de la administración de justicia o los recursos presentados contra la decisión de la entonces juez titular de celebrar la causa a puerta cerrada, entre otras cosas.