El Tribunal Supremo desestima el recurso de varios ayuntamientos contra la clausura del tren de Cuenca
El tribunal destaca que la parte recurrente se ha limitado a alegar la supuesta ilegalidad del acto recurrido sin aportar elementos probatorios concretos
Estación de la línea del tren convencional en Cuenca / Cadena SER
Cuenca
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por varios ayuntamientos contra el Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de febrero de 2023, que ordena la clausura del tramo ferroviario Tarancón-Utiel de la línea Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis, al considerar que la decisión es conforme a derecho.
La sentencia subraya que los ayuntamientos demandantes no aportaron pruebas concretas que demuestren la arbitrariedad o ilegalidad del acuerdo. Además, el informe de INECO, recogido en la resolución, señala el bajo tráfico de la línea, su deteriorado estado de conservación con limitaciones de velocidad y la continua pérdida de población y demanda de usuarios desde 2009. Asimismo, la línea no alcanza los umbrales mínimos de rentabilidad definidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2017.
El tribunal destaca que el cierre no solo se justifica en criterios económicos, sino también en un acuerdo social fruto de la colaboración entre diversas Administraciones Públicas. Este acuerdo, formalizado en el Protocolo General de Actuación de marzo de 2022, contempla un proyecto integral de movilidad y desarrollo territorial para la provincia de Cuenca, buscando alternativas sostenibles al tramo ferroviario clausurado.
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Entre las medidas propuestas se encuentran la creación de una “vía verde” para peatones y ciclistas, la recuperación de apeaderos históricos y la integración de suelos ferroviarios desafectados en municipios. Además, se prevé impulsar servicios alternativos de transporte público y mejorar la movilidad regional mediante el incremento de trenes AVANT en la línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Albacete.
El Supremo concluye que estas iniciativas transforman el impacto del cierre en oportunidades de desarrollo social y económico, justificando así la clausura desde una perspectiva de sostenibilidad y rentabilidad social.
