"Con gorrinos echas a los vecinos": Colectivos contra las macrogranjas se oponen al fin de la moratoria que las limitaba en Castilla-La Mancha
Creen estos colectivos que en el nuevo modelo que se implante, ya sin la restricción para ampliar y abrir nuevas macrogranjas, se va a modificar la evaluación ambiental de los proyectos, siendo mucho más laxa
El año comienza con una concentración contra el fin de la moratoria de las macrogranjas a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha
El año comienza con una concentración contra el fin de la moratoria de las macrogranjas a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha. El objetivo: mostrar, una vez más, el desacuerdo con la política ganadera industrial en la comunidad autónoma.
En total, unas 150 personas convocados por Stop Ganadería Industrial, que agrupa a más de 30 movimientos vecinales de las cinco provincias de la región, han reclamado este jueves al Gobierno de Castilla-La Mancha que dé marcha atrás y no reactive la concesión de las licencias para ampliar el número de estas explotaciones porcinas.
El 31 de diciembre, al finalizar el año, expiró la norma aprobada en enero de 2022 y que nunca ha sido considerada real, sino un 'coladero', según los colectivos y movimientos ciudadanos que llevan casi una década luchando contra las macrogranjas.
"El pueblo no quiere ese tipo de ganadería industrial porque solo nos trae ruina, solo nos quita calidad de vida y hace ricos a unos pocos. Además, la carne, se va a miles de kilómetros porque aquí no se consume, la mayoría es para exportación", ha señalado Paciencia Talaya, de Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, que también se opone a la proliferación de plantas de biogás-biometano que proyecta el Gobierno castellanomanchego.
El fin de la moratoria y la aprobación de un nuevo paquete legislativo ha impulsado a estos vecinos a concentrarse en la capital regional para demostrar su oposición. Con pancartas, proclamas y hasta una procesión de purines han criticado que la nueva norma será mucho mas laxa con la evaluación ambiental de estos proyectos. Esto, adelantan, permitirían que se implanten más macrogranjas, ya que hasta ahora la moratoria impedía los proyectos de más de 2.000 cerdos por explotación. El límite de cabezas de cerdo por explotación desaparecerá y ya hay proyectadas hasta algunas para 7.000 animales.
Creen estos colectivos que en el nuevo modelo que se implante, ya sin la restricción para ampliar y abrir nuevas macrogranjas, se va a modificar también la evaluación ambiental de los proyectos, siendo mucho más laxa.
Temen que se facilite el crecimiento de estas explotaciones industriales que, según apuntan, tanto daño están causando al mundo rural, pues "lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población los efectos de la producción industrial de carne amenaza la calidad de vida de los pueblos: malos olores, problemas de salud pública, contaminación de agua, suelos con excesos de nitratos".
