Opinión

La vivienda y sus medidas

La firma de opinión del abogado y decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano

'La vivienda y sus medidas', la firma de Albino

'La vivienda y sus medidas', la firma de Albino

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Albacete

Estoy seguro de que todos Ustedes han podido apreciar en los últimos días la preocupación de los políticos, de uno y otro perfil, por el problema de la vivienda.

La Constitución de 1978, que ha cumplido, como saben, 46 años hace poco más de un mes, dispone en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. También les impone regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La realidad la conocemos todos. Aunque sabemos que sobre el papel vale cualquier cosa, es triste cuando ese papel es la Constitución de un País y se refiere a un derecho absolutamente necesario para que los ciudadanos puedan tener una vida digna.

Es difícil acceder a la compra de una vivienda para muchos ciudadanos dado los precios de esas viviendas, a lo que no son ajenos unos importantes impuestos y la especulación del suelo sobre el que se construyen. Y a esto no son ajenos los poderes públicos a los que la Constitución les impone la obligación de hacer efectivo el derecho. Tampoco parece que existe una política de vivienda pública real, suficiente y efectiva.

Aunque puedan ser muy criticables, tampoco es excusa lanzar acusaciones contra figuras como el alquiler turístico u otras semejantes cuando los que tienen que adoptar medidas para garantizar esa vivienda digna no las toman; o cuando el propietario de una vivienda, principal medio de inversión de las familias en nuestro país, tiene el lógico temor a cederla en arrendamiento con un sistema que, ante cualquier problema en el cumplimiento del contrato, se verá sometido a unos tribunales de justicia colapsados, lo que le llevará a una casi segura privación de la posesión de la vivienda y de su renta durante largo tiempo, asumiendo necesariamente los gastos de adquisición, financiación y los impuestos que gravan su derecho.

Y ello por no hablar de la ocupación y problemas similares.

La propiedad privada también es un derecho constitucional, y su función social, evidente y necesaria, no puede ser utilizada como sustituto de la dejadez en el cumplimiento del mandato constitucional básico por los poderes públicos.

Parece que ahora, después de muchos años denunciando el problema desde todos los sectores de la sociedad, toca tomar medidas. Algunos las llamarán parches, aunque esperemos que sean efectivas. Igual no sería tan difícil sentarse y llegar a algún acuerdo en esta materia que sirva verdaderamente a los ciudadanos y no a otros intereses.

Hoy por Hoy Matinal Albacete 08:20 horas (15/01/2025)

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