A negociar

Albacete

Todos somos conscientes del colapso que sufre la Administración de Justicia en nuestro país. Lo sabemos los profesionales y cualquier ciudadano que haya tenido necesidad de acudir a ella al amparo de su derecho de defensa, consagrado por la Constitución y definido en su contenido, derechos y garantías por la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

Hasta ahora todos pensábamos que faltaban medios materiales y humanos para tratar de agilizar el funcionamiento del sistema. Hay que reconocer que también es necesario el cambio de ciertas actitudes.

Conscientes de ello, nuestros legisladores nos han dado una nueva Ley, la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual trata de establecer soluciones para evitar esa parálisis. ¿Dotando de más medios a la Administración de Justicia? No, que se sepa.

Entre las medidas estrellas, se traslada al ciudadano, diciéndole indirectamente que es responsable del problema, la posible solución. ¿Cómo?. Exigiendo que acredite documentalmente haber negociado antes de acudir al sistema de justicia. Se utiliza la bonita frase que dice que es necesario pasar por el Templo de la Concordia antes de pasar al Templo de la Justicia.

Entre esas posibilidades de negociación se encuentran los medios adecuados de solución de controversia: mediación y conciliación, fundamentalmente, aunque caben otras posibilidades.

Esos métodos de negociación han existido siempre y se han caracterizado por su esencial voluntariedad. Pero como parece que ese requisito indispensable para una negociación no le parece al legislador que la ciudadanía lo esté empleando bien, lo ha convertido en obligatorio. Y además que sea de buena fe y, sobre todo, que se documente. Lo dicho, más tareas para la ciudadanía y, seguramente, mayores gastos.

Casi nadie está convencido de las posibilidades de la reforma, sin perjuicio de que nadie dude de sus buenas intenciones.

De momento ni jueces ni juezas ni letrados ni letradas ni abogados ni abogadas se han puesto de acuerdo en determinar cómo se ha de cumplir este requisito necesario para acceder a la Administración de Justicia, ni sobre si esta medida va a funcionar. Y, ante esa inseguridad, el número de asuntos que entra en los Tribunales se incrementa antes de que entre en vigor la norma, el 3 de abril. A partir de ahí, veremos.