La Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha inicia su tramitación

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Simplificación de Administrativa y ahora, comenzará la tramitación parlamentaria en las Cortes regionales. Una ley que pretende ser "una revolución" en la administración para hacerla "más moderna y reducir la burocracia".

Así lo ha adelantado en rueda de prensa la consejera portavoz, Esther Padilla. Lo que se busca es hacer "una administración regional vanguardista, que tiene que estar al servicio de la gente y no ser un obstáculo". Por eso, ha asegurado, han trabajado en hacerla más ágil y cercana a los ciudadanos.

Desde el Ejecutivo autonómico prometen que, con esta nueva norma, se eliminarán los trámites innecesarios y se reducirán los tiempos y la documentación a aportar. Además, se impulsa gracias a herramientas digitales y a la inteligencia artificial que facilitarán la labor y evitarán desplazamientos "muchos de ellos, de vecinos de zonas rurales que tienen que ir a hacer un trámite hasta las capitales de provincia".

Es un anteproyecto de ley que se tuvo que remitir al Consejo Consultivo de la región. El órgano ha realizado varias observaciones que en el Gobierno, ha dicho la portavoz, han tenido en cuenta "para mejorar" dicha ley. En la norma entra la figura de las entidades colaboradoras "que vienen a realizar funciones de comprobación de informes y de certificación", según Padilla, y que lo que van a hacer va a ser "mejorar las gestiones".

Esta nueva norma, ha detallado Padilla, introduce la figura de las entidades colaboradoras que son "una figura privada" que viene a realizar "funciones de comprobación de informes, de certificación" y que va a venir a "mejorar y agilizar la gestión". Por eso, ha querido dejar "muy claro" que las entidades colaboradoras "no privatizan la función de la Administración sino que hacen funciones y ayudan a hacer las funciones que debería hacer el particular".

El cambio en el silencio administrativo

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva legislación es la modificación del concepto de "silencio administrativo". Hasta ahora, cuando la Administración no respondía a una solicitud, se consideraba un "silencio negativo", lo que implicaba la desestimación automática de la solicitud. Con la nueva ley, este silencio se transforma en "silencio positivo", lo que significa que la falta de respuesta se interpretará como una aprobación tácita de la solicitud. Esta medida busca garantizar que los ciudadanos no tengan que esperar indefinidamente a que la Administración actúe.

La ley pretende introducir cambios como que, en más de 100 procedimientos. "Nos obliga a nosotros mismos a ser más ágiles en la respuesta y no hacer esperar al ciudadano o la empresa", ha comentado.

Asimismo, en otros 40 trámites la Administración autonómica pedirá una declaración responsable en lugar de una documentación más extensa que "a veces complica los trámites administrativos", una declaración que luego la propia Administración se encargará de corroborar para "comprobar que todo está en orden y que coincide con la declaración que han hecho".

Uso de la inteligencia artificial para agilizar los trámites

La norma incluye también el uso de la inteligencia artificial como una herramienta más. Herramienta que estará basada en el reglamento europeo, ha mantenido, para "dar seguridad jurídica tanto a los empleados y empleadas públicas como también a los usuarios y las usuarias que se acercan a la Administración para ser beneficiarios de determinados servicios".