23 de cada 100 personas que vienen a vivir a CLM eligen hacerlo en zonas afectadas por la despoblación

Desde que entrara en vigor la Ley de Despoblación en Castila-La Mancha y con ella la estrategia contra este fenómeno, el Gobierno regional ha logrado implantar 203 medidas de las 210 previstas. Con ellas se ha conseguido frenar la despoblación en las zonas rurales.

23 de cada 100 personas eligen zonas afectadas por la despoblación

De hecho, como avalan los datos, 23 de cada 100 personas que llegan a Castilla-La Mancha eligen vivir en zonas afectadas por la despoblación, así lo ha explicado el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, minutos antes de asistir a la primera Mesa de Trabajo para la revisión de esta estrategia.

Salgo migratorio positivo

Desde el año 2022 al 31 de diciembre de 2024 el grado de ejecución de las medidas ha superado el 50%. Además, gracias a estas, Castilla-La Mancha ha conseguido un saldo migratorio positivo de más de 3.300 personas. En las zonas de extrema despoblación, en este tiempo, la población ha crecido un 1,7%.

5.000 millones de euros para el reto demográfico

Además, el presupuesto invertido en esta materia está siendo de más de 5.000 millones de euros, lo que supone, un 140% más de lo previsto desde el gobierno para esta área en la comunidad. El vicepresidente también ha querido destacar que Castilla-La Mancha es la única CCAA que elabora un informe de implantación demográfica en cada una de las leyes que se han aprobado desde el 2023.

El dictamen final se aprobará en Consejo de Gobierno y rendirá cuentas

Este lunes se ha celebrado la primera reunión de "revisión". Una Mesa de Trabajo con los colectivos, entidades y asociaciones que participaron en su día en la elaboración de la estrategia. Se trata, como ha contado Martínez Guijaro, de un primer análisis y después llegará una encuesta y un proceso de participación para el conjunto de la ciudadanía.

Hasta final de año habrá también dos reuniones con las que se llegará al dictamen final que se aprobará en Consejo de Gobierno y se trasladará a las Cortes de Castilla-La Mancha al finalizar 2025