El agua, principal escollo del Estatuto de Castilla-La Mancha para seguir adelante

Cuenca

Castilla-La Mancha se encuentra inmersa en un proceso histórico de reforma de su principal norma institucional: el Estatuto de Autonomía. Aprobado en 1982, este texto será sustituido por una nueva versión que ya ha sido respaldada mayoritariamente por las Cortes regionales y ha comenzado su tramitación en el Congreso de los Diputados.

El objetivo: adaptar el marco normativo a los desafíos del siglo XXI y fortalecer derechos fundamentales como la sanidad, la educación, la lucha contra la despoblación o la protección del agua.

Para analizar el alcance de esta reforma, el profesor Alberto Campos, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ofrecido una lectura técnica y jurídica del nuevo estatuto. “Es una ley orgánica, con lo cual necesita una mayoría absoluta en las Cortes Generales para ser aprobada. Eso implica un acuerdo amplio de las fuerzas políticas, algo muy positivo en los tiempos que corren”, señala Campos.

Un texto de consenso

El nuevo texto nace con un consenso poco habitual en la política actual: 29 de los 33 diputados regionales votaron a favor de la reforma, lo que ha sido interpretado como un signo de madurez institucional. “Es raro, por desgracia, decir esto, pero es una rareza positiva que se hayan puesto de acuerdo el PSOE y el PP. Demuestra que la política regional puede funcionar de forma diferente a la nacional”, subraya el profesor.

Un estatuto adaptado a los retos actuales

Más de cuatro décadas después de su aprobación, el Estatuto de 1982 requería una revisión profunda. Según Campos, “las leyes están hechas para ser modificadas y adaptarse a las circunstancias actuales. Después de 43 años, el legislador ha identificado lo que ha funcionado, lo que no, y lo que directamente no estaba regulado”.

Entre las novedades del nuevo texto destaca el blindaje de derechos como la sanidad, la educación o las políticas contra la despoblación. “Esto implica una obligación para los poderes públicos de garantizar estos derechos. Es más que una declaración de intenciones, aunque será clave su desarrollo normativo posterior”, apunta el constitucionalista.

La lucha contra la despoblación adquiere un protagonismo especial. “El nuevo estatuto menciona este problema más de seis veces. No se hablaba de esto hace 43 años, pero ahora es una urgencia: el 80% de la población vive en el 15% del territorio. Garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades es fundamental”, insiste.

El agua y la financiación, puntos sensibles

Otro de los aspectos que puede generar mayor controversia es la inclusión del principio de prioridad de la cuenca cedente en materia de agua. Aunque el estatuto reconoce las limitaciones competenciales en esta materia, su mención explícita podría generar tensiones en el Congreso. “El agua es un tema muy controvertido en España. El conflicto puede surgir porque otras comunidades limítrofes no estarán de acuerdo con ciertas referencias. Y la competencia última es del Estado central”, advierte Campos. “Podría ser el principal escollo para su aprobación definitiva”, añade.

El estatuto también plantea la necesidad de una financiación justa para Castilla-La Mancha. Aunque los márgenes autonómicos son limitados, el texto busca sentar una base reivindicativa. “Las comunidades se financian parcialmente con impuestos propios, pero sobre todo a través de cesiones del Estado. Es un aspecto que depende del sistema de financiación autonómica general, no solo de un estatuto concreto”, explica.

El decreto ley

El nuevo texto incorpora por primera vez la figura del decreto ley en el ámbito autonómico, como instrumento para situaciones de urgencia, especialmente a raíz de la experiencia vivida durante la pandemia. “Se recoge en el artículo 31. Su finalidad es dotar de agilidad a la toma de decisiones. Se excluyen ciertas materias como derechos fundamentales o régimen electoral, igual que a nivel estatal. Y si en 30 días no se convalida en las Cortes, decae automáticamente”, aclara Campos.

Otra medida relevante es la supresión parcial del aforamiento de los diputados regionales. “No desaparece del todo, pero se limita a las funciones estrictamente relacionadas con su labor parlamentaria. Es una reducción de la intensidad del aforamiento, en línea con otras reformas recientes”, comenta el profesor.

Finalmente, el texto apuesta por el uso del lenguaje inclusivo y aborda desafíos como el cambio climático. “Hace cuarenta años estos temas no estaban en la agenda política ni social. Ahora sí. Todo lo que se incluya en el estatuto tendrá que desarrollarse legislativamente, pero su presencia ya indica una dirección clara”, concluye.

El camino que queda

Aunque el respaldo regional ha sido amplio, la tramitación parlamentaria en el Congreso no está exenta de incertidumbre. “El Congreso tiene capacidad para presentar enmiendas, incluso una enmienda a la totalidad. Veremos cuál es la voluntad política en Madrid. Lo lógico sería mantener el consenso alcanzado aquí”, señala Campos, quien recuerda el precedente fallido de 2010, cuando un intento de reforma que incluía la supresión del trasvase Tajo-Segura fue finalmente retirado.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha representa un paso adelante hacia una mayor adecuación a las necesidades actuales de la región. Su aprobación definitiva dependerá ahora del equilibrio político en el ámbito estatal y del mantenimiento de ese difícil, pero necesario, consenso.