Castilla-La Mancha aprueba un recurso de anticonstitucionalidad contra el reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha aprobado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que regula el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas.

Así lo ha dado a conocer de manera formal la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa en la que da cuenta de los asuntos aprobados. Según Padilla, se ha dado luz verde a este recurso tras haber recibido el informe del Consejo Consultivo sobre este decreto ley, que "se ha aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno", y que "viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor".

La consejera portavoz ha querido dejar muy claro que no recurren "para no atender" sino que se recurre, precisamente, "para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas para atender a los menores migrantes no acompañados.

El Gobierno castellanomanchego, insisten, comparte que la solidaridad "no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños", pero "acoger no es solo abrir la puerta, es ofrecer condiciones dignas y, para eso, hace falta financiación".

Castilla-La Mancha, ha argumentado la consejera portavoz, "no recibe ni un euro para atender a esos más de 500 niños". Según calculan desde el Ejecutivo autonómico, "eso tiene un coste de 26,6 millones de euros solo la parte de bienestar social, sin contar con el gasto de educación o de sanidad" para esas personas.

De esta manera, Castilla-La Mancha sigue los pasos que la semana pasada daba la Junta de Castilla y León. Según el Gobierno de Fernández Mañueco, este decreto ley es contrario a los principios de igualdad y solidaridad, porque se exige un aumento de menores inmigrantes para esta comunidad del 300 % , frente al 5 % de Cataluña.

Para García-Page, una imposición "bastante insultante"

Ya García-Page espetó hace días que la ley aprobada por el Gobierno central es una "barbaridad". Para García-Page, una "treta" del Estado basada en una "solidaridad obligada" que "suena a cachondeo, porque la solidaridad no puede imponerse". El presidente de Castilla-La Mancha ha denunciado en reiteradas ocasiones que dicho decreto ley impone cupos de acogida a las comunidades sin haber contado previamente con ellas.

Calificó como "bastante insultante" pactar este asunto con la "extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como Puigdemont". De hecho, azotó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por "olvidarse de ser progresista". "El problema no está en los menores, sino en los que usan a los niños para hacer política", decía.