Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda: "Si la vivienda es el principal problema hay que financiarlo, y eso sólo se puede hacer desde lo público"

Toledo

Más recursos económicos, blindar la protección pública y transparencia en los datos. Son las recetas que la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha expuesto en el Laboratorio de Conversación de SER Castilla-La Mancha para solucionar el problema de la vivienda.

Rodríguez ha defendido la actual ley que aboga por el derecho a la vivienda por encima del mercado y la propiedad. Y eso solo se puede consolidar a través de lo público. Ha recordado que ya la Constitución lo dicta pero la dinámica económica ha hecho que prevalezca como bien de mercado y el derecho a la propiedad sobre el derecho a un techo. Y ha puesto un ejemplo que leyó en una pancarta de un colegio en Barcelona: "Si no tengo una casa no puedo estudiar" En un país que crece, que crea empleo, no se puede permitir que esta crisis estrangule económicamente a los ciudadanos y les condene, ha dicho.

Habla de prioridad política y eso hay que financiarlo. "¿Cómo garantizamos que sea un derecho? Con el apoyo de lo público en una estrategia que tiene que ser participada por el sector privado. Si nos creemos que es un problema y una prioridad política hay que poner recursos"

La segunda medida es construir un gran parque público de vivienda que no se pueda vender el día de mañana. "Lo que construyamos con fondos públicos tiene que ser para hoy y para siempre".

Y la tercera pata es la transparencia, poder contar con datos de ayuntamientos, comunidades y registros para evitar la especulación y conocer la demanda real y los precios reales.

Sobre las reticencias de Castilla La Mancha para participar en el plan estatal propuesto por el Gobierno de España, confía Rodríguez en que la Junta sea capaz de encontrar los recursos, dentro de sus presupuestos generales, para cofinanciarlo. "La dimensión del cambio es que la aportación de la comunidad sería de 20 millones de euros en un presupuesto de 12.700. La excusa no puede ser la ausencia de recursos" ha dicho. "Tengo confianza en que Castilla La Mancha forme parte, no podemos perder esta oportunidad"

En torno al problema del alquiler, la ministra recuerda que la oferta y los precios públicos son los que deben marcar al mercado y evitar las perversiones del sistema actual. "Se ha trasladado la idea de que la aplicación de zonas tensionadas es una fiesta. Nada de eso. Es reconocer un problema. Estamos pagando un 30% más por una casa" Ha recordado los incentivos fiscales a disposición de los arrendadores "si a los contratos vigentes le bajan un 5% se puede bonificar el 95% de la renta de alquiler del IRPF, le saldría a cuenta, así compensamos al propietario"

A los ayuntamientos, Rodríguez les ha pedido que se puedan agilizar las licencias de obra pública para que esta urgencia social se pueda resolver cuanto antes. Ha puesto como ejemplo las 156 viviendas construidas en Guadalajara con fondos de recuperación en suelo público si bien ha lamentado que no se haya podido llegar a las 300 proyectadas inicialmente dado que una parcela ha quedado vacía.

Por último, ha puesto la vista en las zonas rurales. "La compra fija población y la rehabilitación está siendo una base importante de nuestra política". En definitiva, ha dicho: "habremos consolidado el derecho a la vivienda cuando hayamos acabado con la crisis de la misma".

Falta de mano de obra y trabas administrativas

Por este mismo Laboratorio de Conversación ha pasado Miguel Curiel, representante de la Red Inmobiliaria Tecnorete, Tecnocasa y Kiron en Guadalajara. El problema de la falta de vivienda para vender y alquilar también afecta a algunas inmobiliarias. "Tenemos más de 220 inmuebles en las 19 oficinas que gestionamos. Con los 90 profesionales que tenemos generamos un alto número de viviendas nuevas a la venta. Para los próximos meses, creemos que los números van a seguir siendo similares a los que tenemos actualmente".

Desde la Federación Regional de Empresa Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO) apuntan los obstáculos internos, pero también externos, a los que se enfrenta el sector. A la falta de mano de obra cualificada o al aumento de los costes de producción, añaden una tramitación administrativa que puede llevar años.

"En materia de vivienda, desde que quieres poner la solución hasta que logras dar con ella, que es entregar una vivienda, pueden pasar dos, tres y cuatro años. Esa dificultad a la hora de agilizar o tramitar los procesos administrativos, es lo que muchas veces frena esa solución", señala Manuel Carmona, presidente de la patronal del sector en Castilla-La Mancha.