Primer juicio por desalojo en la promoción pública de Yedra 8 del Polígono de Toledo
Unas 40 familias ya han recibido notificaciones de desahucio y piden a la Junta que, como propietaria, negocie y module el alquiler
Imagen de archivo de los denominados 'pisos negros' del Polígono de Toledo, situados en Yedra 8 / Gicaman
Toledo
Este miércoles se ha celebrado el primer juicio a instancias de Gicaman contra los vecinos de la promoción de Yedra 8 por impago del alquiler. La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna de Toledo, integrada por una decena de organizaciones sociales y sindicales, ha denunciado públicamente el inicio del proceso judicial.
El conflicto de este asunto tiene su origen en una promoción de viviendas públicas finalizada de forma precipitada durante la última crisis inmobiliaria. Según el portavoz de la plataforma, José Luis Calvo, ante la imposibilidad de colocar los pisos en el mercado tal y como estaba previsto, Gicaman comenzó a adjudicarlos a familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda, muchas de las cuales ya presentaban situaciones de vulnerabilidad económica.
“Se adjudicaron viviendas a personas en paro, con trabajos precarios, y luego no se moduló el alquiler según su situación económica”, ha contado Calvo. Las rentas mensuales actuales oscilan entre los 297 y los 500 euros, una cifra que, según la plataforma, es inasumible para familias cuyos ingresos no superan los 400 euros mensuales. A esto se añade el cobro del IBI y los gastos comunitarios, incluidos recientemente por la Junta de Castilla-La Mancha.
La vecina afectada por el primero de los pleitos no tiene empleo estable; trabaja apenas dos días a la semana. Según la plataforma, su caso ilustra cómo "el sistema de gestión actual ignora por completo el principio constitucional del derecho a una vivienda digna y adecuada". Calvo denuncia que "si en determinadas circunstancias el alquiler tiene que ser cero, debe ser cero. Esa es la función de una administración pública que se dice social".
Unas viviendas "insalubres"
Más allá de la cuestión económica, los problemas de mantenimiento del edificio agravan la situación. "Hablamos de viviendas con moho, humedades, ratas, tuberías rotas y cableado robado. Incluso hubo un caso en el que los vecinos tenían que salir de casa con paraguas por la rotura de una tubería fecal. Solo cuando se amenazó con acudir a Sanidad, Gicaman actuó", ha relatado Calvo. Algunos residentes, incluidos menores, han desarrollado problemas respiratorios debido a las condiciones insalubres del edificio.
A pesar de estas deficientes circunstancias, algunas familias han intentado ejercer su derecho a la compra del inmueble, estipulado en contratos de alquiler con opción a compra, y Gicaman no ha dado respuesta. "Esos contratos están en un limbo legal. Ni se respetan ni se cancelan formalmente", denuncia la plataforma.
Actualmente, unas 70 familias residen en la promoción de Yedra 8. De ellas, cerca de 40 han recibido demandas de desahucio. La organización teme que el proceso judicial se extienda a más inquilinos en los próximos meses. "Solo unas 13 o 15 familias están al corriente de pago. Pero eso no garantiza que no se les reclame algo en el futuro. Gicaman ya nos ha advertido de que seguirán adelante con las demandas", asegura Calvo.
La plataforma también critica la reciente reestructuración en la dirección de Gicaman, que habría puesto al frente a personal proveniente del sector privado. Según Calvo, esto afecta directamente a este caso ya que está provocando una gestión "mercantilista" de un servicio que debería ser eminentemente social. "No se puede tratar una promoción pública como si fuera un alquiler entre particulares. La crisis inmobiliaria la pagamos todos".
La esperanza de la plataforma es que la ley ómnibus, en vigor hasta el 31 de diciembre, frene temporalmente los desahucios. Pero exigen una solución estructural y a largo plazo. "Hemos intentado negociar durante más de 10 años, con propuestas concretas y factibles. Nunca nos han escuchado", ha lamentado el portavoz.