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Aprobado el estudio de viabilidad de la explotación del Palacio de Congresos y Complejo Hotelero de Albacete

Con 10 votos en contra, señalando así que su mantenimiento podría suponer un coste de más de seis millones de euros para las arcas públicas.

El futuro del Palacio de Congresos de Albacete vuelve a estar en el centro del debate político. En la última sesión del pleno albaceteño, varios representantes municipales han puesto en duda la viabilidad económica del complejo, señalando que su mantenimiento podría suponer un coste de más de seis millones de euros para las arcas públicas.

Han insistido en que este proyecto no es competencia directa del Ayuntamiento ni responde a un servicio esencial para la ciudadanía. Además, se ha subrayado que, lejos de aportar beneficios, el complejo ha generado gastos continuos sin una rentabilidad clara. “Ni en 2005 era viable, ni lo es ahora”, ha afirmado María José López, concejala del PSOE, quien ha añadido que el Palacio de Congresos no ha cumplido con las expectativas de atraer grandes eventos ni fomentar el turismo local.

Alberto Reina, concejal de Hacienda, se ha defendido por parte del Partido Popular, en cuanto a la sucesión y que los trabajadores mantengan su trabajo activo en cuanto al proyecto abordado, basándose en los informes del acuerdo.

Los grupos del Partido Socialista y Unidas Podemos han denunciado la falta de transparencia en el expediente, que consideran incompleto y presentado con escasa antelación. Según ha explicado María José López, el informe de intervención llegó apenas unas horas antes del pleno, lo que dificulta el análisis riguroso de la propuesta.

También han criticado que no se haya facilitado el acceso a documentos clave, como el estudio de viabilidad fechado en noviembre de 2024, ni se haya identificado claramente a los autores de ciertos informes.

Durante la sesión, se recordó que el origen del proyecto se remonta a una concesión de 2004 con una inversión inicial de 40 millones de euros. Aunque la empresa concesionaria no cumplió con sus obligaciones, también señalan que el Ayuntamiento tampoco ejecutó las suyas, lo que ha generado una situación jurídica compleja que aún no se ha resuelto.

Los representantes municipales han reclamado mayor participación de los grupos políticos y de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el futuro del complejo. “No podemos adoptar una decisión que comprometa 6,6 millones de euros sin contar con toda la información”, ha advertido María José López.

El debate sigue abierto y se espera que en las próximas semanas se clarifiquen los términos del expediente y se defina el destino de uno de los proyectos más controvertidos de la ciudad.

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