El conflicto por los pisos públicos de Yedra 8 continúa en los tribunales

Continúan los litigios en torno a las viviendas sociales de Río Yedra 8, en el barrio del Polígono de Toledo. Este lunes se han celebrado otros dos nuevos juicios por desahucio, en una promoción pública marcada desde hace años por una deuda acumulada que ronda los tres millones de euros.

Frente a los Juzgados de Toledo, la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna ha convocado, una vez más, una concentración para denunciar lo que consideran "una política de vivienda injusta por parte del Gobierno regional". "La obligación de las administraciones es proteger a las personas, y más aún a las vulnerables. No se puede dejar todo en manos del mercado", ha afirmado José Luis Calvo, portavoz de la plataforma, en una atención a medios a las puertas de sede judicial.

Hoy se ha escrito una nueva página en una situación en Yedra 8 que no es nueva. "Llevamos diez años intentando negociar con Gicaman y con el Gobierno de Emiliano García-Page y su única respuesta han sido juicios y más juicios". En total, hay más de 70 procedimientos de desahucios abiertos en la actualidad.

La situación en Yedra 8 se remonta a la última década, cuando, según la plataforma, la administración regional dejó en ese bloque viviendas públicas vacías pese a que existía demanda. Esa inacción, según la plataforma, facilitó las ocupaciones ilegales y provocó el estado actual del edificio, conocido popularmente como los 'pisos negros'.

Aunque Gicaman, la empresa pública responsable, ha invertido en blindar accesos y controlar ocupaciones, los vecinos y activistas insisten en que la raíz del problema es el abandono institucional y una política de vivienda "orientada al beneficio privado".

Adjudicaciones a quien nunca pudo asumir la cuota

Dicha plataforma reconoce que existen impagos por parte de algunas familias, pero apunta a que la responsabilidad de estos impagos recaen en la administración. La razón radica en que muchas de las familias adjudicatarias de estas viviendas fueron seleccionadas como moradoras siendo ya vulnerables -en situación de paro, con subsidios o víctimas de violencia de género- y se les impusieron alquileres imposibles de asumir. Hay familias que, a día de hoy, rondan los 40.000 euros de deuda. "¿Cómo puede pagar eso alguien que vive con 400 euros al mes? ¿Quién pensó que eso era viable?".

El deterioro del edificio, ocupado, con ascensores averiados, zonas comunes insalubres, ratas, falta de mantenimiento e inseguridad inhabilita, a ojos de la plataforma, cualquier justificación del precio del alquiler. "¿Tú vivirías entre ratas? ¿Sin luz ni ascensor? ¿Y pagando casi 800 euros al mes entre alquiler, suministros e impuestos?", ha cuestionado el portavoz.

Alquileres sin relación con los ingresos

Una de las principales críticas de la plataforma se dirige a la falta de una ley autonómica de vivienda que vincule los precios del alquiler social a la renta real de los inquilinos. Denuncian también que el Ejecutivo autonómico ha derivado la responsabilidad de declarar zonas tensionadas a los ayuntamientos, lo que, en su opinión, ha dejado la puerta abierta a la subida generalizada de los alquileres.

El conflicto continúa

Los procesos judiciales siguen su curso. Mientras tanto, la plataforma confía en que los jueces tengan en cuenta no solo la deuda económica, sino también las condiciones de vida, la responsabilidad pública en el deterioro del edificio y la falta de alternativas para las familias afectadas.

La plataforma exige la suspensión de los desahucios, que los alquileres se adapten a la renta, una rehabilitación urgente de las viviendas y una ley regional de vivienda que sea efectiva.