"Cuando un niño pide ayuda a un adulto, el adulto es responsable de su protección. No protegerlo es delito. Sandra no tuvo la protección de los adultos del colegio y se quitó la vida"

Albacete

Sandra Peña, de 14 años, se suicidó hace unos días al regresar del colegio religioso concertado donde estudiaba. Se suicidó porque llevaba sufriendo acoso escolar durante un año por parte de Lola, María y Marta, tres compañeras que la insultaban constantemente.

Los padres de Sandra advirtieron al centro de lo que sucedía, pero el centro no activó el protocolo de acoso escolar. Si lo hubieran activado, Sandra hoy no estaría muerta. En lugar de hacerlo, el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se limitó a cambiar de clase a Sandra, como si el patio del colegio no existiera. Seguramente el centro prefirió evitar el riesgo reputacional derivado de la activación del protocolo, en lugar de proteger a la víctima.

Cuando un niño pide ayuda a un adulto, el adulto es responsable de su protección. No protegerlo es delito. Sandra no tuvo la protección de los adultos del colegio y se quitó la vida para terminar con su sufrimiento.

Por eso, los primeros culpables de la muerte de Sandra son los adultos educadores que tenían la responsabilidad de su seguridad en esa escuela. No son “cosas de niños” como se dice para justificar la inacción con demasiada frecuencia. Es violencia ejercida en el espacio público escolar, donde los adultos no pueden eludir su responsabilidad ni mirar para otro lado buscando excusas. La seguridad de los niños y niñas durante la jornada escolar es responsabilidad del centro educativo y de las personas adultas que los tienen a su cargo. Los docentes y directivos del colegio han fallado a Sandra y a su familia y deberían recibir algún tipo de sanción por no haber activado el protocolo cuando tuvieron conocimiento de la situación de acoso.

Los padres de las tres acosadoras, de 15 años, también son responsables del suicidio de Sandra, porque sabían lo que sus hijas estaban haciendo y son responsables judiciales del comportamiento de sus hijas, al ser menores de edad.

La inacción de unos y otros constituye un crimen contra la infancia.

Como advierte la pedagoga Gabriela Delord, “las acosadoras no deben seguir juntas, y tendrían que estar durante un tiempo en diferentes centros para menores mientras reciben ayuda profesional para un cambio de conducta. Estos procesos de cambio deben ser individuales y en solitario para ser adecuados. Y la familia de Sandra debe recibir ayuda psicológica de por vida y una indemnización económica del estado, pues las personas que representan al estado no la protegieron”.

Ahora ha sido Sandra, como antes lo fue Kira López, cuyo padre destrozado no da crédito a que haya vuelto a ocurrir lo mismo.

Hay quienes dicen que los protocolos no funcionan, pero lo cierto es que no funcionan porque no se aplican. Y los colegios concertados tienden a proteger su reputación antes que proteger a sus estudiantes que sufren violencia y maltrato.

La negligencia es un delito y debe hacerse justicia. No hacerlo aumenta la impunidad de las acosadoras y lanza un peligroso mensaje a la sociedad: que hacer el mal no tiene consecuencias, y que quienes sufren violencia como víctimas de acoso no merecen protección.

El acoso escolar no es un juego ni una broma. Son palabras y actos que invalidan a una persona en un espacio que debería ser seguro para todas. El bullying no se soluciona cambiando a alguien de clase, porque en el recreo el acoso continúa. Hay que trabajar valores y cambiar la actitud y las conductas de quienes acosan. La inacción ante el acoso escolar es un crimen contra la infancia.