El Congreso debatirá el día 11 de noviembre la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

Será el próximo martes 11 de noviembre cuando, por fin, el Congreso de los Diputados debata la toma en consideración del que será el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Así consta en el orden del día del pleno de la Cámara Baja.

En un principio, el debate iba a sucederse el pasado 7 de octubre pero se aplazó debido a "la organización del Congreso de los Diputados y a los debates que se van produciendo" en el seno del mismo.

Tras varios vaivenes, según aseguró el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, lo más factible es que la reforma pudiese estar lista "para el primer semestre de 2026". Fue el propio Bellido quien, en el mes de junio, entregó una copia del Estatuto de Autonomía a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Días después, la Mesa del Congreso calificó y admitió a trámite la iniciativa.

Ahora es turno de la toma en consideración y de la apertura del plazo de enmiendas, antes de pasar al Senado.

En su momento, el presidente de la Cámara autonómica aseguró que confiaba en que "las enmiendas enriquezcan el texto, pero no lo desvirtúen" y esperaba que "el clima crispado" de la política en Madrid no afecte a este proceso de tramitación.

El texto, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE y en contra de VOX, iniciará ahora su tramitación el Congreso para sustituir al aprobado en 1982, actualizándose a los cambios y a las competencias asumidas por la región en estos 43 años.

"Blindar derechos", objetivo principal

El derecho a la sanidad o la educación quedarán blindados en el nuevo texto como también lo estarán la prioridad de la cuenca cedente en materia de agua, las políticas contra la despoblación o la lucha contra la violencia de género.

Son algunas de las novedades de un texto que también incorpora el lenguaje inclusivo y no sexista, que menciona el cambio climático y que recoge la figura del decreto-ley para agilizar la adopción de medidas urgentes en situaciones de emergencia como la pandemia.

El nuevo estatuto suprimirá también los aforamientos de los diputados, reclamará una financiación justa adaptada a la realidad de la región y blindará el diálogo social para que ninguna ley o reglamento de la región sea aprobado sin contar con la opinión de los agentes sociales.