"Es precisa no sólo la garantía legal, sino la convicción personal en materia de discapacidad"

Albacete

La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad bajo la convicción universal de que los principios de libertad, justicia y paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales de todas las personas, declarando expresamente su propósito de promover, proteger y asegurar el ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.

En el ámbito jurídico, esa convención y las convicciones que recoge, fue fundamentalmente incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley Organica 8/2021, de 21 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Desde el año 2019, con el esfuerzo conjunto del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Albacete, la Fundación Aequitas y el Colegio de la Abogacía de Albacete, se vienen organizando jornadas de formación jurídica en discapacidad. Es necesario el conocimiento no sólo de los medios legales, sino de la realidad diaria de las personas con discapacidad a fin de proveer los apoyos, instrumentos y ajustes necesarios para el desarrollo de sus derechos en condiciones de igualdad.

Hoy, día 5 de noviembre, en el Salón de Actos del Colegio de la Abogacía de Albacete, se desarrollarán las VI Jornadas, con la intervención de Notarios, Jueces, Fiscales y Abogados, en las que se examinarán las experiencias vividas pasados cuatro años desde la aprobación de la ley, y siempre con el propósito de mejorar no sólo la formación sino la concienciación sobre la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, cualesquiera que sean las circunstancias de la persona.

Cuando hablamos de discapacidad, no debemos pensar sólo en los demás. Buena muestra de ello es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, en vigor desde noviembre de 2024, que atribuye el ejercicio de este derecho fundamental de la ciudadanía a la Abogacía, y que, tras establecer normas para salvaguardar ese derecho, incluye también las garantías del profesional de la abogacía con discapacidad, al cual ha de proveerse de la asistencia, apoyos y otros recursos accesibles universalmente para desempeñar de forma efectiva el derecho de defensa.

El interés en materia de discapacidad no es solo fruto de la solidaridad, sino también cuestión personal: todos tenemos alguna discapacidad; todos necesitamos apoyo. Es precisa no sólo la garantía legal, sino la convicción personal.

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