"Desde 2020 nuestra economía crece a un ritmo inusitado, pero la inversión pública en atención a la dependencia se ha reducido desde entonces"

Albacete

La semana pasada, 11 meses después de solicitarla, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la comparecencia del presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales.

Merece la pena que vean su intervención o que lean su discurso completo. Porque la situación de las personas atendidas por el sistema público de dependencia, así como de las personas en lista de espera, es realmente alarmante e impropia de un estado social de derecho europeo. Y porque, además de denunciar con datos demoledores la situación estatal y de cada comunidad autónoma (la nuestra, por cierto, está por debajo de la media española en casi todos los indicadores), se presentan más de 20 propuestas concretas para mejorar el sistema (alguna de las cuales no suponen coste alguno).

Y es que cada 18 minutos muere una persona en lista de espera. Una lista de espera que, lejos de reducirse, ha aumentado.

En los 19 años de existencia del sistema público de atención a la dependencia, han recibido algún tipo de atención (aunque sea mínima, como la teleasistencia) cuatro millones de personas, mientras que han fallecido esperando a ser atendidas, un millón de personas.

Cada 18 minutos muere una persona en esa lista de espera, repito.

Esto ocurre en el sector con mayor capacidad de generación de empleo no deslocalizable fuera de España, como es el de los cuidados.

Desde 2020 nuestra economía crece a un ritmo inusitado, pero la inversión pública en atención a la dependencia se ha reducido desde entonces. Y es que la falta de implicación de todos los poderes públicos en materia de servicios sociales es palmaria: los procedimientos burocráticos innecesarios (que hasta triplican el mismo trámite), las escasas cuantías de las prestaciones (que llegan a ser ridículas en muchos casos), la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilizar prestaciones, configuran un sistema low cost muy poco eficaz para atender a las necesidades de las personas dependientes. Y con trabajadoras profesionales en condiciones de precariedad que deberían ser equiparadas a las del sistema sanitario.

El gobierno central ha llevado al congreso una reforma de la Ley sin recursos que la hagan afectiva, mientras congela la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia.

Estamos hablando de derechos de papel, convertidos en realmente en papel mojado. Estamos hablando de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos hablando de la desatención a las personas que más protección y apoyos necesitan para las actividades más básicas de la vida diaria, como la higiene o la alimentación. Y todo ello, mientras la economía española crece y crece como nunca antes lo había hecho.

No es por tanto un problema de escasez de recursos: es absoluta falta de voluntad política.