Subir el gasto militar debilitaría la sanidad española en miles de millones

Cuenca

Los conflictos bélicos y la creciente inestabilidad internacional están reconfigurando las prioridades políticas de muchos países. En este escenario, el debate sobre el aumento del gasto en defensa ha vuelto con fuerza a la agenda pública.

España no es una excepción: en pleno contexto de compromisos con la OTAN, se plantea elevar la inversión militar hasta el 5% del PIB, frente a un gasto sanitario que rondó el 6,5% del PIB en 2023.

Este escenario ha sido analizado por un estudio impulsado desde la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), concretamente desde la Facultad de Enfermería del Campus de Cuenca, que pone el foco en un fenómeno bien documentado por la literatura científica internacional: el llamado crowding out, o desplazamiento presupuestario.

Cuando una prioridad desplaza a otra

El concepto de crowding out describe cómo el aumento del gasto en un área concreta, en este caso, la defensa, puede provocar recortes indirectos en otros sectores clave, como la sanidad. Según explica Samuel López, uno de los autores del estudio, “cuando los recursos son limitados, dedicar más dinero a una partida implica necesariamente dejar de invertir en otra”.

El trabajo de la UCLM se apoya en una amplia revisión de investigaciones previas publicadas en revistas científicas internacionales. “Hemos analizado qué conclusiones extraen estudios realizados en decenas de países sobre las consecuencias del incremento del gasto en defensa”, señala López.

Entre los ejemplos más relevantes, el estudio cita investigaciones realizadas en 116 países que confirman una relación negativa entre el gasto militar y la inversión en salud. También se analizan los efectos observados en 29 países de la OTAN tras la crisis de Crimea en 2014, cuando el rearme vino acompañado de un descenso del gasto sanitario.

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¿Cuánto podría perder la sanidad española?

A partir de la metodología de trabajos como el de Fan, Lion y Coit (2018), el estudio estima que por cada punto porcentual adicional del PIB destinado a defensa, el gasto sanitario podría reducirse en torno a 0,55 puntos. Aplicado a los datos españoles de 2023, esto equivaldría a 8.355 millones de euros menos para la sanidad pública.

Samuel López concreta el impacto con ejemplos claros: “En 2023, España invirtió unos 59.000 millones de euros en hospitalización y atención especializada. Una reducción de 8.355 millones supondría alrededor del 14% de ese gasto”.

El efecto sería aún más dramático en atención primaria. “Ese mismo recorte equivaldría a casi el 60% de todo lo que se destinó a atención primaria en 2023”, advierte el investigador.

Si el gasto en defensa pasara del entorno del 2% actual al 5% del PIB, como se debate en el seno de la OTAN, la reducción acumulada en sanidad podría situarse cerca de los 30.000 millones de euros. “No se trata de cifras alarmistas, sino de proyecciones que sirven para reflexionar sobre la magnitud del impacto”, subraya López.

Más gasto de bolsillo y menos equidad

El estudio también analiza las posibles consecuencias para los ciudadanos. En la actualidad, el gasto sanitario de bolsillo en España se sitúa en torno a los 500 euros anuales por persona. Según las estimaciones del trabajo, cada punto de PIB que se recorte en sanidad podría traducirse en unos 30 euros más al año que tendría que asumir cada ciudadano para cubrir servicios no financiados por el sistema público.

“Si disminuye la inversión pública, esas carencias acabarán siendo cubiertas por los propios ciudadanos, lo que tiene un impacto directo en la equidad del acceso a la sanidad”, explica Samuel López.

Un debate que reclama datos

Lejos de plantear un rechazo frontal al gasto en defensa, los autores del estudio reclaman un debate informado y basado en datos. “El contexto internacional es el que es y no se puede ignorar, pero las decisiones deben tomarse considerando sus efectos sobre derechos y servicios esenciales”, afirma López.

El investigador recuerda además que España ya contribuye a la seguridad colectiva de distintas formas: alberga bases de la OTAN en su territorio y ha destinado más de 1.000 millones de euros en ayudas a Ucrania. “Todo esto debería formar parte del análisis y no centrarse únicamente en un porcentaje de gasto”, añade.

Reflexionar antes de decidir

El principal objetivo del estudio, según sus autores, es abrir un espacio de reflexión tanto para la ciudadanía como para los responsables políticos. “Queremos que las decisiones se tomen con conciencia de sus consecuencias”, concluye Samuel López.

Un mensaje que sitúa el debate sobre defensa y sanidad no solo en el terreno económico, sino también en el de los derechos y el modelo de sociedad que se quiere construir.