Venezuela

Toledo (Toledo)

Venezuela vuelve a situarse en el centro del debate global tras la detención de su presidente, Nicolás Maduro, en una operación anunciada oficialmente por Estados Unidos y ordenada durante la presidencia de Donald Trump. Un hecho de enorme impacto político que no puede analizarse solo como un acontecimiento puntual, sino como parte de un proceso mucho más amplio.

Para entender cómo se llega hasta aquí, hay que mirar la trayectoria sociopolítica del país. Venezuela es un Estado profundamente marcado por su dependencia del petróleo, por instituciones históricamente frágiles y por desigualdades estructurales que, a finales del siglo XX, generaron un fuerte desgaste del sistema político tradicional. En ese contexto emerge el chavismo, con una promesa de inclusión social y redistribución que conectó con amplios sectores populares.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ese proyecto derivó en una fuerte concentración de poder, debilitamiento de los contrapesos institucionales, erosión del pluralismo político y una polarización extrema. A esto se sumaron graves errores económicos, corrupción y un progresivo aislamiento internacional, que desembocaron en una crisis social de enormes dimensiones y en una de las mayores olas migratorias de la región.

La detención de Maduro introduce ahora una nueva dimensión, la del conflicto abierto entre soberanía estatal y poder internacional. Desde Washington, la operación se ha justificado en base a acusaciones penales graves, vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, el debate es mucho más complejo. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza en el territorio de otro Estado sin autorización del Consejo de Seguridad o sin consentimiento del propio Estado.

Además, la inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio es un principio central del orden jurídico internacional, precisamente para evitar que la justicia sea sustituida por la ley del más fuerte. En este sentido, numerosos expertos y organismos internacionales han advertido de que esta detención se sitúa fuera del marco legal internacional vigente.

Esto no significa negar los problemas democráticos de Venezuela ni las vulneraciones de derechos humanos, sino plantear una cuestión de fondo, ¿qué ocurre cuando las grandes potencias deciden actuar al margen de las normas que ellas mismas contribuyeron a crear?

Mientras tanto, las consecuencias no recaen sobre los líderes ni sobre los Estados que toman decisiones desde lejos, sino sobre la ciudadanía venezolana. Una sociedad ya profundamente golpeada por la crisis, la migración y la desconfianza institucional, que vuelve a quedar atrapada en un conflicto donde el margen de participación real es mínimo.

Pensar Venezuela es necesario, reflexionar sobre algo más amplio, los límites del derecho internacional, la fragilidad de las instituciones y el riesgo de normalizar un orden global donde la fuerza sustituye a las normas. Y esa reflexión, en realidad, nos interpela a todos.