Más vecinos pero menos casas: el nuevo reto del medio rural en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha comenzado a revertir la tendencia de pérdida de población en las zonas afectadas por la despoblación, aunque el Gobierno regional insiste en que el desafío ahora es convertir esta mejora en un cambio "estructural" y sostenido en el tiempo. Así lo ha expresado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, durante la presentación de la primera revisión intermedia de la Estrategia frente a la Despoblación.

Según los datos expuestos, a 31 de diciembre de 2024 ya se había ejecutado o se encontraba muy avanzada el 52 % de las 210 medidas incluidas en la estrategia, con una inversión que supera ampliamente lo previsto inicialmente. En los tres primeros años, el compromiso era destinar algo más de 1.300 millones de euros, pero finalmente la inversión ha superado los 1.850 millones.

Uno de los principales indicadores del cambio es el saldo migratorio positivo. Más de 20.200 personas se han instalado en zonas rurales afectadas por despoblación, lo que ha permitido "compensar por primera vez el crecimiento vegetativo negativo". En términos globales, estas zonas cuentan hoy con 4.672 habitantes más que al inicio de la estrategia, un incremento del 1'1 %. El dato es aún más significativo en las zonas de extrema despoblación, donde el crecimiento alcanza el 1'8 %, una cifra similar a la de las áreas urbanas de la región. "Esto hacía decenas de años que no ocurría en Castilla-La Mancha", ha celebrado Martínez Guijarro.

No obstante, el vicepresidente ha admitido que sigue habiendo retos por delante. El principal, la vivienda. La llegada de nuevos residentes ha puesto de manifiesto la escasez de vivienda disponible en los pequeños municipios, un problema inexistente hace apenas cinco años. Por ello, la revisión de la estrategia incorpora 13 nuevas medidas, muchas de ellas centradas en rehabilitación de viviendas vacías y en facilitar el acceso a la vivienda en zonas rurales.

Otro de los ejes clave ha sido la movilidad, con la implantación progresiva del transporte sensible a la demanda, que ya ha sido utilizado por más de 52.000 personas, y que se ampliará con sistemas de abonos "para abaratar costes".

El coste desigual de mantener servicios públicos en el medio rural

Martínez Guijarro también ha defendido que mantener la igualdad en el acceso a los servicios públicos en el medio rural tiene un coste muy superior al de las zonas urbanas. Como ejemplo, ha cifrado que garantizar la educación requiere más de 3.100 docentes adicionales y que la atención sanitaria de emergencia en Molina de Aragón es hasta 37 veces más cara que en una capital de provincia.

Por eso, al vicepresidente primero, asegura que se le "abren las carnes" y no entiende que ese planteamiento se realice desde "ópticas progresistas, porque la ordinalidad es lo contrario de la igualdad". Entiende el vicepresidente que esto se pueda justificar o defender desde "una óptica conservadora, ultraconservadora o liberal, o como la quieran denominar" pero en ningún caso desde "una óptica progresista".