Las agresiones a facultativos sanitarios aumentan un 35% en la provincia de Ciudad Real
Son datos del Observatorio de la Violencia

Campaña contra las agresiones a sanitarios / Colegio de Médicos de Málaga

Tomelloso
Tomelloso ha sido escenario del Observatorio de la Violencia convocado para analizar y reforzar la prevención de agresiones al personal sanitario en la provincia de Ciudad Real, en un contexto marcado por el preocupante aumento de incidentes tanto verbales como físicos.
El encuentro ha reunido a representantes institucionales, colegios profesionales de Medicina y Enfermería, las siete organizaciones sindicales con representación en el ámbito sanitario y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo principal ha sido poner en común propuestas de mejora y coordinar actuaciones ante los casos de violencia hacia los profesionales del sistema sanitario.
Durante la jornada se ha puesto de manifiesto el significativo incremento de agresiones registrado en 2025. Según los datos aportados, en la provincia de Ciudad Real los incidentes han aumentado un 35% respecto al año anterior. En 2024 se contabilizaron 95 agresiones, mientras que en 2025 la cifra asciende ya a 125. Especialmente preocupante fue el mes de julio, calificado como "un mes negro", al registrarse 17 incidentes en apenas 31 días.
A nivel regional, la tendencia también es ascendente. En el conjunto de Castilla-La Mancha, las agresiones a profesionales sanitarios se han incrementado un 66% desde el año 2019.
El director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Iñigo Cortázar, ha subrayado la necesidad de seguir reforzando las medidas de protección y prevención. En este sentido, ya se han puesto en marcha tres actuaciones concretas: la implantación de la figura del director de seguridad, la consideración del personal sanitario como figura de autoridad en el ámbito administrativo y el impulso de la consideración penal de las agresiones cuando proceda por su gravedad.
Desde el Observatorio se insistió en la importancia de la denuncia de todos los incidentes y en la coordinación entre administración sanitaria, fuerzas de seguridad y organizaciones profesionales para frenar esta escalada de violencia y garantizar un entorno seguro para los trabajadores del sistema público de salud.




