El Alto Júcar plantea bancos de tierras en Cuenca para salvar cultivos abandonados

Cuenca

La Comunidad General de Regantes del Alto Júcar trabaja para reforzar su organización y defender los intereses del regadío en la cabecera del río en la provincia de Cuenca. Tras una reciente reunión con la Diputación Provincial, la entidad recibirá un nuevo impulso económico con una ayuda de 50.000 euros destinada a mejorar su estructura y apoyar a las comunidades de regantes integradas en el territorio.

La organización, reactivada hace apenas dos años tras décadas prácticamente inactiva, agrupa actualmente a 24 comunidades de regantes que representan a medio centenar de municipios. Su principal reto es doble: revitalizar el regadío en un territorio afectado por el abandono de tierras y preparar alegaciones al futuro plan hidrológico del Júcar, que marcará la gestión del agua en los próximos años.

La cabecera del Júcar

La Comunidad General de Regantes del Alto Júcar agrupa a distintas comunidades de regantes situadas en la parte alta de la cuenca del río. Según explica su presidente, Javier Turégano, se trata de una estructura que coordina a varias entidades locales.

“Somos la comunidad general, que como su nombre indica somos una comunidad de comunidades”, señala. El ámbito territorial es amplio y abarca desde los nacimientos de los ríos Júcar y Cabriel hasta los embalses de Alarcón y Contreras.

El territorio que representa la organización incluye alrededor de 50 municipios, cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de superficie y unas 5.000 hectáreas de cultivo. En esta área se encuentran diferentes zonas de regadío distribuidas a lo largo del curso alto del río.

Entre las principales áreas se encuentran la vega del Júcar —que incluye localidades como Villalba o Mariana y se extiende hasta la capital conquense—, así como diversos tramos del río y sus hoces. También destacan zonas agrícolas en torno a otros afluentes, como la cuenca del río Mayor con localidades como Cañete o Landete.

La recuperación

Aunque la comunidad general ya existía desde la década de 1990, “durante años quedó prácticamente inoperativa. La actual etapa comenzó hace aproximadamente dos años, cuando un grupo de regantes decidió recuperarla y ponerla de nuevo en funcionamiento”, explica Turégano. Desde entonces, el número de comunidades integradas ha ido creciendo hasta alcanzar las 24 actualmente adscritas.

El contexto territorial condiciona en gran medida el trabajo de la entidad. El despoblamiento y el envejecimiento de la población rural han provocado que muchas comunidades de regantes carezcan de recursos y que parte del terreno agrícola haya quedado abandonado.

“Tenemos el problema de despoblamiento y envejecimiento de la población. Muchas directivas estaban muy envejecidas y ya hay mucho abandono de la tierra”, afirma el presidente.

El apoyo de la Diputación

En este contexto, la ayuda económica procedente de la Diputación Provincial de Cuenca se ha convertido en un respaldo clave para consolidar la estructura de la organización.

La institución provincial ha anunciado una aportación de 50.000 euros para este año, una cantidad similar a la concedida en el ejercicio anterior. Según Turégano, estos fondos han permitido “tener una pequeña partida para ayudas de mantenimiento, una limpieza o cambiar una válvula, cosas tan sencillas que muchas comunidades no podían hacer”, explica.

Además, parte del presupuesto se ha destinado a dotar a la organización de servicios técnicos y administrativos. En este sentido, la comunidad general ha contratado asistencia jurídica, gestión administrativa y apoyo técnico.

También se han impulsado iniciativas de comunicación y divulgación, como la creación de una página web o el desarrollo de una imagen corporativa para la entidad. Entre las actividades realizadas destaca la celebración de la primera jornada de regadío del Alto Júcar en la localidad de Mariana que reunió a más de un centenar de asistentes.

Banco de tierras

Uno de los principales objetivos de la comunidad es evitar la pérdida de derechos de agua vinculados a terrenos agrícolas que actualmente no se cultivan. Según explica Turégano, el abandono de parcelas es uno de los riesgos más importantes para el futuro del regadío en la zona. “Uno de los objetivos es mantener las concesiones que tenemos, porque a causa del abandono y de no cultivar están en grave riesgo”, advierte.

Para afrontar esta situación, la organización plantea diferentes fórmulas orientadas a recuperar la actividad agrícola en parcelas actualmente sin uso. Entre ellas se encuentra la creación de bancos o bolsas de tierras que permitan poner en cultivo terrenos cuyos propietarios no los trabajan directamente. El sistema se basaría en acuerdos de cesión temporal sin pérdida de la propiedad.

“Si una persona no está cultivando su parcela, que la ceda a ese banco de tierras. La propiedad va a ser siempre suya”, explica. A cambio, el propietario recibiría una compensación económica y el terreno volvería a producir. La iniciativa busca facilitar que nuevas familias o agricultores puedan aprovechar esas parcelas, ya sea como actividad principal o complementaria.

El Plan Hidrológico del Júcar

Otro de los frentes en los que trabaja la comunidad es la preparación de alegaciones al futuro Plan Hidrológico del Júcar. Este documento marcará las directrices de gestión del agua en la cuenca durante los próximos años.

Entre las principales preocupaciones de los regantes está la posibilidad de perder reservas de agua si no se utilizan las concesiones existentes. “El agua es un bien público y se destinará donde más falta haga”, señala Turégano, que advierte de que el abandono de tierras podría traducirse en la reducción de recursos disponibles para la zona.

Los regantes también reclaman que el plan tenga en cuenta las particularidades de la cabecera del río, donde el caudal depende directamente de las condiciones naturales y no puede regularse mediante embalses como ocurre en otros tramos de la cuenca.

Otra de las cuestiones planteadas es la consideración del reto demográfico dentro de la política de gestión del agua. “En nuestra zona se debe considerar el reto demográfico como parte integrante de la gestión del agua”, defiende.

Control del agua

El nuevo marco normativo también incluye obligaciones relacionadas con la medición y control del consumo de agua en las explotaciones agrícolas.

Las comunidades deberán instalar sistemas de medición que registren los caudales y transmitan los datos de forma digital. Aunque los regantes reconocen la necesidad de controlar el recurso, advierten de las dificultades que puede suponer aplicar estos sistemas en su territorio.

“Nos están pidiendo mediciones de caudal horario, digital y con transmisión electrónica”, explica Turégano. Según añade, estas exigencias implican costes de instalación y mantenimiento que pueden resultar difíciles de asumir para comunidades con pocos recursos.

A pesar de ello, los regantes consideran necesario avanzar en una gestión eficiente del agua, siempre adaptando las medidas a la realidad del territorio.

La Comunidad General de Regantes del Alto Júcar encara así una etapa de consolidación marcada por la reorganización interna, la defensa de los derechos de agua y la recuperación del regadío en zonas afectadas por la despoblación.